Digitalizadas serán las demandas contra el Estado y los asesores con los que cuenta cada institución gubernamental, incluyendo las descentralizadas y empresas públicas.
Este proyecto, que emprendió la Procuraduría de la Administración, permitirá que Panamá, al igual que otros países como Bolivia, cuente con una base de datos sobre sus asesores y las demandas que se le presentan.
Mónica Castillo, secretaria general de la Procuraduría, dijo que el país se encontraba en una “situación de vulnerabilidad” al no contar con este sistema, puesto que recopilar esa información es un valor agregado que puede servir para múltiples cosas.
La funcionaria dijo que la base de datos será levantada con información que den las diferentes entidades y se espera que para junio de 2020 ya se hayan registrado asesores de 13 instituciones, de 37 instituciones descentralizadas y de 16 empresas públicas.