La Procuraduría venezolana exigió ayer anular los actos del Parlamento, de mayoría opositora, por incorporar a tres diputados acusados de fraude electoral, en consonancia con una demanda presentada por el chavismo ante la justicia, que aún no se pronuncia sobre el tema.
En una transmisión de la televisora gubernamental, el procurador Reinaldo Muñoz leyó un comunicado en el que indicó que es “forzoso precaver la nulidad de los actos” del Parlamento, “afectando incluso la validez de sus convocatorias y cuórum”.
Se espera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda a la solicitud del chavismo de declarar ilegal las decisiones parlamentarias y “cualquier acto que emane producto de una Asamblea Nacional que está ilegalmente constituida”, advirtió el pasado viernes el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, tomó juramento el jueves a tres diputados elegidos por el estado Amazonas el pasado 6 de diciembre, a quienes la máxima instancia del Órgano Judicial venezolano había ordenado separar de sus cargos en enero, luego de que el chavismo los acusó de fraude por compra de votos.
Según la Procuraduría, la juramentación de esos tres legisladores “ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la administración pública”.
La decisión de la mayoría parlamentaria conformada por la oposición en el Legislativo pone más leña al fuego en la pugna con el oficialismo por el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
El TSJ también tiene en sus manos una demanda interpuesta por Maduro contra la recolección de 200 mil firmas exigidas para activar la consulta, alegando un supuesto fraude. Otros 8 mil 600 recursos jurídicos amenazan la iniciativa opositora.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) discutirá mañana si la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reunió las rúbricas necesarias para avanzar hacia la recolección de 4 millones de firmas para convocar a la ciudadanía a las urnas.
RATIFICAN USO DE ARMAS
Los militares venezolanos seguirán facultados para usar sus armas de fuego en el control del orden público, luego de que la justicia dejara en firme una resolución del Ministerio de Defensa.
Al rechazar un recurso de amparo de dirigentes opositores, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la autorización dada a la Fuerza Armada en 2015 para actuar en caso de que las protestas degeneren en hechos de “violencia mortal”.
La decisión, conocida el pasado viernes, se produce tras un aumento de manifestaciones en reclamo de alimentos y medicinas, que según la firma Datanálisis llega a 80%.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el país se registraron 3 mil 507 protestas en el primer semestre de 2016, de las cuales un 27% fueron por el desabastecimiento. Esto representó un aumento de 24% frente a igual período de 2015.
La organización no gubernamental contabilizó asimismo 416 saqueos o intentos de saqueo en el mismo lapso (90% más que en 2015).
El TSJ declaró“improcedente” la acción presentada en 2015 contra la medida que permite a la Fuerza Armada aplicar fuerza gradual, hasta la utilización del arma de fuego.
“Esa resolución viola el derecho a la vida”, denunció el pasado viernes la diputada opositora Delsa Solórzano, impulsora del recurso de amparo. Venezuela vivió una ola de protestas entre febrero y mayo de 2014 que buscaban la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
Estas acciones dejaron 43 muertos y llevaron a la detención del líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia.