En el segundo debate al proyecto 292 de reformas electorales -aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional- se incluyó un artículo que prohíbe al Gobierno y a los municipios efectuar publicidad estatal sobre obras oficiales durante tres meses antes de las elecciones.
La propuesta incluye también que las empresas contratistas para las obras oficiales tampoco pueden pagar publicidad para reportar el avance de los proyectos.
Es decir, con este artículo, desde el 5 de febrero hasta el 5 de mayo de 2019 - fecha de los comicios- el Gobierno no podrá hacer publicidad estatal sobre obras oficiales.
Con esta norma, el Gobierno actual, encabezado por el Partido Panameñista, no podría hacer publicidad sobre sus megaproyectos insignia, entre ellos la línea 2 del Metro, cuya entrega se estima para los primeros meses de 2019. Hasta marzo pasado se reportó que el megaproyecto, que construye el consorcio Odebrecht y FCC, a un costo de mil 857 millones de dólares, registra un 35% de avance.
Tampoco podría hacer publicidad estatal sobre el proyecto de renovación urbana de Colón que se construye a un costo de $500 millones y cuya fecha de entrega del contratista, Odebrecht, sería para finales de diciembre de 2018.
Aunque diputados oficialistas confirman que habría inconformidad por parte del Ejecutivo con este artículo, se llamó al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para conocer su posición al respecto, pero no contestó las llamadas.
NORMA ES AVANCE
El proyecto original, presentado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), proponía sobre este tema en un inicio prohibir la promoción de obras estatales desde seis meses antes de las elecciones, pero en un consenso final los diputados redujeron a tres meses para los comicios de 2019.
El diputado perredista Pedro Miguel González manifestó que la propuesta original era mucho más exigente a lo que se aprobó. Explicó que la norma no impide que el Gobierno publicite sus obras antes de la veda establecida.
“Esta norma aprobada no deja de ser un avance importante que va a evitar el derroche de recursos del Estado para favorecer al candidato gubernamental, como sucedió en las elecciones de 2014”, advirtió González.
RECORTE DE CAMPAÑA
Las reformas establecerían un período para la campaña política de dos meses. En la actualidad no hay plazos en la ley Electoral.
Este artículo ha causado inconformidad en sectores políticos que la consideran como un obstáculo para las negociaciones de las nóminas presidenciales, sobre todo si los partidos carecen de un candidato presidencial consolidado.
PODRÍA HABER AJUSTES
Ante esta situación, diputados de diversas bancadas legislativas no descartaron la posibilidad de que el proyecto 292 sea devuelto a segundo debate, en caso de encontrarse alguna incongruencia. El reglamento legislativo señala que en segundo debate se pueden hacer reformas a los proyectos, no así en tercer debate.
El 5 de abril pasado, cuando se aprobó el proyecto 292 en segundo debate, se incluyeron más de 30 modificaciones, por lo que la iniciativa está sujeta a revisión.
Pedro Miguel González manifestó que hay un equipo del Tribunal Electoral y otro de la Asamblea, encabezado por el diputado Quibián Panay, revisando lo que se aprobó en segundo debate.
Aseguró que mañana, lunes, se dará una revisión del texto único aprobado, y en caso de no haber mayores dificultades, el tercer debate se podría dar ese mismo día.
No obstante, señaló que bajar el proyecto a segundo debate siempre es una posibilidad. “Puede haber algunas inconsistencias o bien porque haya variado la decisión política de una bancada en uno u otro tema”, aseguró.
Señaló que de bajarse el proyecto sería exclusivamente para tratar temas específicos.
El diputado panameñista y primer vicepresidente de la Asamblea, Luis Eduardo Quirós, reconoció que hay algunos detalles del proyecto 292 que sectores de la sociedad civil y del Ejecutivo no están conformes, por lo que no descartó que se pida devolver la iniciativa a segundo debate si hay incongruencias en el documento.
Mientras, el diputado de Cambio Democrático (CD) Fernando Carrillo señaló que el proyecto se bajaría a segundo debate en caso de que mañana, lunes, cuando se les entregue el documento ya depurado, surjan algunos errores o consideraciones profundas que se requieran hacerle a algún tema puntual.
OTROS TOPES
Además de los topes al financiamiento privado de $300 mil para los candidatos a diputados y $10 millones para los candidatos presidenciales, se aprobó limitar la cantidad de aportes que provengan de un solo donante.
Para el caso de los candidatos presidenciales no podrán exceder el 3%, mientras que para los candidatos a diputados, incluyendo los del Parlamento Centroamericano, alcaldes y concejales, no podrán exceder el 25%. Para aplicar este tope, la nómina restará lo que se financia con recursos propios.
La no presentación del informe de ingresos y gastos de campaña será sancionada con multa de $3 mil, y el exceso en el tope de estos será penado con una multa equivalente al doble de la diferencia de la suma excedida.
Según el diputado González, con esta norma ya no habrá dos o tres donantes que se sientan dueños de la silla presidencial.