El Consejo de Gabinete fue el escenario donde se presentó un “documento borrador” para modificar la Ley 22 de contrataciones públicas en varios de sus puntos. Por ejemplo, se establece en la propuesta de ley que las entidades pueden llevar a cabo actos públicos exclusivamente para productores nacionales hasta $7 millones para la compra de sus productos.
También permitiría la celebración de licitaciones en las que solo podrían participar empresas nacionales hasta por $7 millones, de manera que empresarios pequeños puedan formar parte de estos procesos de compras estatales.
La reforma, igualmente, involucra a los gobiernos locales. En estos casos se autorizaría a los municipios y a las juntas comunales a realizar actos públicos en los que solamente podrán participar empresas de esos gobiernos locales. Por ejemplo, si el Municipio de Santiago en Veraguas desea llevar a cabo una licitación en la que solo participen empresarios de ese distrito, podría hacerlo.
Otro aspecto que se mencionó como parte de los cambios es que aquellas empresas internacionales o proveedores que quieran participar de licitaciones en Panamá y no cuentan con algunos documentos como aviso de operación, paz y salvo de renta o de seguro social no será necesario, ya que la entidad licitante será la responsable de velar o comprobar si la empresa está paz y salvo con el Estado.
En lo que respecta a las comisiones evaluadoras de los actos públicos, una vez la propuesta de ley sea aprobada, estas saldrán aleatoriamente de un sistema que administrará la Dirección General de Contrataciones Públicas y ninguno de los miembros de la comisión podrá ser parte de la institución que realice el acto público.
Además, el Estado no podrá contratar empresas que hayan sido condenadas por “violar” la administración pública, así como tampoco a aquellas que hayan “firmado acuerdos de colaboración judicial”.
El borrador fue preparado por un grupo de abogados y sustentado en el Gabinete por Gaspar Tarté.