Un grupo de ciudadanos presentó ayer ante la Oficina de Participación Ciudadana un anteproyecto de ley que propone introducir en la legislación penal la figura de la “muerte civil”, para que se inhabilite de manera perpetua para ejercer funciones públicas a todas aquellas personas que sean condenadas a cinco o más años de prisión por delitos contra la administración pública. La propuesta propone reformas al Código Penal y a la Ley de Contrataciones Públicas.
PRESENTAN ANTEPROYECTO QUE DECLARA LA ‘MUERTE CIVIL’ PARA LOS CORRUPTOS
Un anteproyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal y a la Ley de Contrataciones Públicas e introduce la “muerte civil” para aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública fue presentado ayer ante la Asamblea Nacional por un grupo de ciudadanos.
La iniciativa ciudadana propone que aquellos que sean condenados a cinco o más años de prisión por delitos contra la administración pública sean inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas y cargos de elección popular de manera perpetua.
El anteproyecto también introduce un artículo a la Ley 22 de 2006 para que se inhabilite legalmente para contratar con el Estado a cualquier persona natural o jurídica que sea declarada responsable por delitos contra la administración pública ante los tribunales.
Al respecto, el anteproyecto propone modificar el artículo 15 de la Ley 22 de 2006 para establecer la incapacidad legal para contratar con el Estado a las personas naturales condenadas por sentencia judicial por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y contra la fe pública.
La iniciativa pretende introducir cambios en el artículo 338 del Código Penal, que en la actualidad aplica penas 4 a 10 años de cárcel para los funcionarios que se apropien, malversen o sustraigan bienes que le hayan sido confiados a funcionarios públicos. El anteproyecto propone elevar esta pena de 5 a 10 años de cárcel.
También propone una pena de 8 a 15 años a los funcionarios que malversen, se apropien o sustraigan dineros, valores o bienes destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o desarrollo social.
Además, propone 5 a 10 años de prisión al servidor público que acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar, omitir, retardar un acto en violación de sus obligaciones. Los particulares que ofrezcan estas prebendas a los servidores con este fin serán sancionados con prisión de 5 años a 10 años.