El grupo parlamentario del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont registró ayer una propuesta de reforma de la ley regional para permitir que pueda ser investido al frente de la región a distancia y gobernar desde Bélgica.
La elección de Carles Puigdemont -que se exilió voluntariamente en Bélgica hace tres meses- al frente del gobierno regional es problemática, ya que sería detenido y probablemente encarcelado por “rebelión” y “sedición” en caso de regresar a España, por lo que no puede presentarse al Parlamento regional para el debate de investidura. Pero la portavoz del grupo Junts per Catalunya, Elsa Artadi, firmó la propuesta de ley para intentar evitar el obstáculo.
El texto prevé que el Parlamento catalán pueda “autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata”.
En este caso, “la presentación del programa y la solicitud de confianza de la cámara se podrá hacer por escrito o por cualquier otro medio previsto en el reglamento”. Se trataría asimismo de permitir un gobierno “a distancia”, a través de medios digitales (correos, audioconferencias, videoconferencias).
Pero los independentistas catalanes están divididos sobre los próximos pasos, por el riesgo de bloqueo de las instituciones catalanas, actualmente bajo tutela del Gobierno español.
Una investidura de Puigdemont en ausencia sería seguramente suspendida por la justicia. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió que en ese caso mantendría la región bajo tutela.
Mientras tanto, una fuente del partido Esquerra Republicana de Cataluña indicó ayer que el partido continuaba negociando “un acuerdo global” con Junts per Catalunya que permitiría “el reconocimiento del gobierno en exilio en Bruselas” y “una investidura operacional y efectiva en Cataluña”.