La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició ayer el periodo de consultas en primer debate sobre el proyecto de ley 245, que establecería los acuerdos de pena en el sistema penal inquisitivo.
Esta iniciativa fue bajada el martes pasado a primer debate por la mayoría de los diputados.
Ayer, durante el primer día de consultas, un total de 10 ciudadanos entre trabajadores de Odebrecht, abogados litigantes y funcionarios del Ministerio Público (MP) y del Órgano Judicial se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa, que fue presentada por el Órgano Judicial el 22 de septiembre de 2015, y que se discute por segunda ocasión en primer debate.
El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño, quien señaló que la entidad respalda el proyecto 245. Dijo que el MP no busca favorecer a empresas que están siendo investigadas por temas de corrupción.
“Este documento fue presentando antes de que en el país se diera la primera investigación que vinculó a la empresa internacional que hoy en día está enfrentando escándalos de corrupción y que el Ministerio Público está investigando desde octubre de 2015; es decir, posterior a la presentación de este proyecto”.
En su oportunidad, Minerva Gómez, de Asuntos Comunitario de Odebrecht, dijo que no iba en representación de la empresa, sino como una trabajadora más.
Solicitó que la Asamblea garantice en cualquier ley que permita acuerdos con Odebrecht el derecho al trabajo de los más de 8 mil empleados de la constructora.
En representación del Ejecutivo asistió el viceministro de Economía y Finanzas, Iván Zarak, y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero. Zarak expresó que este es un tema “que no se puede seguir dilatando”, mientras que Romero explicó que las propuestas del ministerio estuvieron dirigidas a resolver la crisis de hacinamiento en las cárceles.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que ese gremio se opone a la iniciativa 245.
En tanto, la diputada Zulay Rodríguez (PRD) y Luis Barría (Panameñista) pidieron reformas al proyecto.