Al menos 27 entidades de la sociedad civil y de la empresa privada se reunieron ayer para analizar el proyecto de ley 665, que busca la protección de datos personales.
La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN), fue trasladada a una mesa de trabajo que deberá presentar el próximo martes un informe al presidente de la comisión, el diputado perredista Rubén De León, para que se inicie el primer debate.
El documento dice que se pretende salvaguardar y garantizar la protección de los datos de los ciudadanos, regulando el tratamiento de estos. Será de orden público y de cumplimiento general en todo el país.
De igual forma establece que los sujetos regulados en dicho proyecto son las personas naturales y jurídicas, de carácter público o privado, que lleven a cabo el tratamiento o custodia de datos personales, por ejemplo, los que identifican a las personas, así como los relacionados con el empleo y sobre características físicas, como fisonomía, anatomía o rasgos de la persona.
Puntos de análisis
Sin embargo, en la mesa de debate han surgido inquietudes respecto a varios artículos de la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo en agosto pasado.
Uno de ellos es el artículo 2, que exceptúa de la aplicación de dicha ley los datos que recolecten autoridades competentes con fines de prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, pero no dice lo mismo de los que provengan de historial de crédito, bancarios y de seguros, por ejemplo.
Otro aspecto que no permite que la mesa se ponga de acuerdo es la integración del Consejo de Protección de Datos Personales. Estaría conformado por instancias que, aseguran, no tienen que ver con el tema, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, entre otros. Esta instancia asesorará a la Autoridad Nacional de Acceso a la Información (Antai) en materia de protección de datos personales, y recomendará acciones, entre otras.
Lía Hernández, del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, manifestó que no entiende cuál es el apuro de aprobar dicha norma, puesto que el tema de la protección de datos requiere más estudio. “El proyecto de ley tiene muchas falencias y contradicciones, debido a que la Antai y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental no tienen personal especializado en esos temas ”.
Por su parte, Irving Halman, director de la AIG, uno de los organismos que lo impulsa, indicó que esperan llegar a un consenso con los sectores sobre esta materia.
Si los diputados avalan esta norma, entrará a regir después de dos años.