La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional decidió que el proyecto de ley 633, inherente a la creación de un sistema de garantías y de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, sea enviado a una subcomisión para su respectivo análisis.
La decisión fue tomada ayer, en medio de lo que se supone sería el primer debate de la iniciativa.
La presidenta de la comisión, Marylín Vallarino, explicó que se pretende abrir un espacio para compartir observaciones generales sobre la propuesta; es decir, llevar a cabo un proceso de consultas antes del primer debate, para recoger las observaciones de quienes deseen participar y, con ello, fortalecer el proyecto de ley.
El debate inicial
En medio de esta reunión exploratoria surgieron varios cuestionamientos a favor y en contra de la propuesta. Por un lado, estaban quienes señalan que con esta ley no solo se saldaría una deuda histórica respecto a la protección de la población menor de edad, sino que también se establecería una clara definición de roles, funciones y objetivos de las entidades que existen actualmente y que trabajan para garantizar los derechos.
Una de ellas fue María Pérez, de la organización Fundación Eduardo Morgan, que agrupa a 31 grupos del país que atienden y velan por los derechos de los niños, quien expresó que están a favor de la norma, debido a que el sistema actual de atención a los menores ha “colapsado”.
Para Pérez, los menores de edad en situación de riesgo social se enfrentan a un sistema con tiempos de respuesta tardíos y en el que los niños son revictimizados.
Con la propuesta, indicó Pérez, se apuesta a favorecer y fortalecer el rol de la familia y además se brinda orientaciones claras a las instituciones del Estado para asegurar un trabajo eficiente.
Por otro lado, hubo quienes estimaron que la norma “vulnera la patria potestad”.
Karim Céspedes, representante del Colegio Nacional de Abogados, indicó que ven con “mucha preocupación” el hecho de que en la propuesta se propone eliminar el libro II del Código de la Familia (relacionado con los menores de edad), lo que, según expresó, es un acto “indolente”, porque deja en el limbo la atención de los casos de niños y adolescentes en situación de riesgo social.
Cosme Moreno, secretario general del Ministerio de Desarrollo Social, institución que presentó la propuesta en abril pasado, manifestó que esta es una norma necesaria, que el país debe adoptar en el marco de la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1990.
Sin embargo, señaló que “nada está escrito en piedra” y que están abiertos a que el proyecto sea perfeccionado.
Un punto en el que coincidieron quienes acudieron a la comisión es que no se puede continuar sin hacer nada y que urgen acciones concretas que permitan a los niños disfrutar de esa etapa y no sean víctimas del sistema.
La reunión de la subcomisión, que presidirá el diputado Iván Picota, fue fijada para el 9 de este mes.