El destituido expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, era ayer un hombre buscado después de que España emitiera una orden de arresto europea en su contra. Y el principal interrogante era cuánto tiempo podría eludir la justicia española manteniéndose en la clandestinidad y demorando el proceso de extradición en Bélgica.
“Es el momento de que se unan todos los demócratas. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la república”, dijo Puigdemont en Twitter, avalando llamados a que los partidos políticos secesionistas formen una coalición para los próximos comicios y evitando hablar sobre su situación judicial.
Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno están siendo buscados por cinco delitos distintos, incluidos rebelión, sedición y malversación, por alentar a legisladores regionales a declarar la independencia de España pese a repetidas advertencias de que eso violaría la Constitución española.
Pero cuanto más atrase su arresto y extradición, Puigdemont tendrá más probabilidades de ser un factor en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Todo el proceso en Bélgica, desde la detención a la extradición, incluyendo apelaciones, podría llevar unos dos meses, dijeron expertos legales a la agencia AP.
El ministro belga de Justicia, Koen Geens, señaló el viernes que su gobierno no intervendrá en el futuro de Puigdemont ni de los otros exdirigentes catalanes, porque la orden de arresto europea “es un procedimiento completamente legal”.
Geens agregó que, a diferencia de un proceso normal de extradición internacional, “el poder ejecutivo no juega ningún papel en el proceso de la orden de arresto europea. Todo va a través de comunicación directa entre las autoridades de justicia”.
El abogado belga de Puigdemont no respondió a pedidos de declaraciones sobre la orden de detención, aunque ha dicho que su cliente combatiría su extradición a España sin pedir asilo político. La fiscalía belga, por su parte, indicó haber recibido la orden de arresto el viernes por la noche y señaló que interrogaría a Puigdemont en los próximos días.
La emisión de la orden internacional de arresto por parte de la jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, provocó otra ronda de protestas el viernes por la noche en Cataluña, incluida su ciudad más importante, Barcelona.
Aunque Puigdemont y otros viajaron a Bélgica, nueve exmiembros de su gobierno están en España.
Lamela les tomó declaración el jueves y ordenó prisión incondicional para ocho de ellos por riesgo de que no desistieran en sus intentos de conseguir la secesión de Cataluña mientras prosigue la investigación.
En Barcelona, un alto funcionario de un gran partido secesionista catalán en Cataluña, la Esquerra Republicana, dijo ayer que su partido solo participaría en las elecciones del 21 de diciembre si se libera a todos los secesionistas encarcelados.