La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de la Resolución No. ARAPM-IA-403, expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente el 14 de noviembre de 2013 y por medio de la cual se autorizó el estudio de impacto ambiental para la construcción de dos torres de 35 pisos en Punta Paitilla.
El fallo, con ponencia del magistrado Víctor Benavides, concluye: “ciertamente, la construcción de ambas torres es una obra con cierto impacto en una zona altamente urbanizada”.
El magistrado accedió a una solicitud de suspensión presentada por residentes de Punta Paitilla, con el argumento de asegurar “intereses públicos ambientales, que de ser desatendidos podrían acarrear importantes consecuencias jurídicas y medioambientales”.
El fallo también plantea que “el principio de precaución ambiental hace preciso asegurar el ordenamiento jurídico y el interés público ambiental ante los posibles riesgos a la salud medioambiental y pública de los residentes en donde se desarrolla el proyecto”.
El abogado Eric Prado, representante del grupo de residentes, presentó en 2013 una demanda de nulidad contra el estudio de impacto ambiental que autorizó la construcción de los dos edificios en un terreno de 5 mil 913 metros cuadrados en vía Italia.
El argumento principal de la demanda presentada por Prado fue que no se cumplió con el principio de participación ciudadana, norma que está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 123 del 14 de agosto de 2009.
Sostuvo que al momento se realizar las encuestas, solo se entrevistó a personas que pasaban por el lugar y no a los residentes afectados por la obra.
A la vez, resaltó que tampoco se cumplió con lo estipulado en el artículo 36 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que regula la transparencia en la gestión pública y establece que en cualquier acto administrativo debe regir el principio de la publicidad.