La Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, tiene en sus manos una queja administrativa que presentó la Procuraduría de la Administración para que investigue el uso de bienes públicos para promocionar la imagen de diputados, representantes de corregimiento y otros servidores públicos.
En el documento, el procurador Rigoberto González pide a Humbert que inicie “las investigaciones pertinentes y adopte las medidas establecidas en la Constitución Política y la ley”.
De acuerdo con lo que informó el procurador González, se trata de una queja administrativa que presentó ante su despacho el abogado Arnulfo Arias Olivares el 17 de marzo pasado, en la que denuncia que en todo el país, “muchos vehículos”, además de portar la franja amarilla reglamentaria que los identifica como propiedad del Estado y el logo de la entidad oficial a la que pertenecen, tienen una leyenda que dice que ha sido tramitado para la comunidad “gracias a la gestión de algún diputado o diputada”.
Según Arias Olivares, esto se asimila “a una propaganda proselitista”. Alega que esta práctica viola el Decreto Ejecutivo 124 del 27 de noviembre de 1996 que advierte que los vehículos oficiales solo deben tener la frase “para uso oficial” o “propiedad del Estado”.
Como prueba, el abogado aportó dos fotografías tomadas en el distrito de Capira, Panamá Oeste. En la primera imagen se observa un carro que dice: “gestión: H.D. Yanibel Ábrego, circuito 8-2”. Y en la segunda aparece una persona borrando el nombre de la diputada que actualmente es la presidenta de la Asamblea Nacional.
En el documento que el procurador remitió al contralor el pasado 22 de agosto, se explica que la queja “es en contra de los servidores que resulten responsables (...)”. Y pide a Humbert que “le imparta el trámite que en derecho corresponde”.
Este medio reportó durante varios días fotografías de vehículos, buses, ambulancias y obras estatales con nombres de diputados, representantes y alcaldes, lo que para dirigentes de los diferentes sectores del país evidencia un claro proselitismo.
Por ejemplo, la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez Castañeda, sobrina de la diputada de Cambio Democrático (CD) Dana Castañeda, promocionó el nombre de su tía en vehículos oficiales, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas le ordenó retirar dichos distintivos. Otros de los que han incurrido en este ejercicio son los diputados Raúl Hernández, Rubén Frías y Manuel Cohen, de CD; Rosa Canto, del Partido Revolucionario Democrático; y los panameñistas Katleen Levy y Gabriel Panky Soto.
El pasado 10 de agosto, mediante una circular, el contralor pidió a los diputados y demás autoridades cumplir la Ley 37 de 2009, reformada en 2015, sobre la descentralización pública, que prohíbe el uso de sus nombres en bienes estatales.
Pero ayer, el diputado Soto, del circuito 8-1, Arraiján, aún mantenía rotulado su nombre en un bus, mientras en un letrero donde promociona mejoras a una calle, se leía: “Gestión de Gabriel Panky Soto”, y aparecen los colores amarillo, morado y rojo del Partido Panameñista. El pasado 10 de agosto, cuando este medio publicó una noticia al respecto, Soto dijo: “Procederé a quitarlos”.
Ayer se le llamó en varias oportunidades para preguntarle sobre por qué no ha borrado los letreros, pero no respondió.