El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, deberá comparecer en persona el 26 de julio como testigo en un juicio por corrupción vinculado al Partido Popular (PP) en el poder, dijo ayer la Audiencia Nacional, que rechazó la petición del jefe del Estado de declarar por videoconferencia.
En una comparecencia histórica de un presidente español ante la justicia, Rajoy habrá de dar su versión en el juicio contra algunos miembros del PP por una trama de corrupción que dio paso más adelante a una investigación sobre las cuentas del partido.
Empresarios y exmiembros del Partido Popular están entre los acusados.
“La importancia de su declaración, en cuanto a los conocimientos que el testigo pueda tener y datos que pueda aportar, hacen que la inmediación y la contradicción demanden como opción preferente su presencia física”, señala el auto de la Audiencia.
Pese a que había pedido comparecer a distancia alegando las fuertes medidas de seguridad necesarias para el testimonio y su apretada agenda, el tribunal estimó que es preferible que Rajoy declare en persona en la sede judicial de San Fernando de Henares, en Madrid.
La declaración supone un quebradero de cabeza para Rajoy, el líder del PP, que ha intentado distanciarse de los reiterados casos de corrupción que han afectado al partido conservador y han contribuido a que hoy gobierne en minoría.
“Estoy a lo que dispongan los tribunales”, dijo en rueda de prensa.