Delegados de los rebeldes sirios se reunieron ayer en Kazajistán antes de sostener negociaciones hoy con representantes del Gobierno para lo que será el primer contacto entre ambos bandos en un año.
El primer punto en la agenda es afianzar una endeble tregua conseguida el mes pasado y aliviar el sufrimiento de civiles en medio de la guerra civil del país.
Las conversaciones en la capital kazaja, Astaná, están siendo mediadas por Rusia, Irán y Turquía y comprenden el más reciente intento de poner fin a una guerra que según cálculos ha dejado más de 400 mil muertos y ha obligado a huir a más de la mitad de la población del país.
El enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, participa en la conferencia que posteriormente desembocará en negociaciones de índole político en febrero en Ginebra.
El nuevo gobierno estadounidense no está directamente involucrado debido a “las exigencias de la transición política”, dijo el pasado sábado el Departamento de Estado, pero estará en la conferencia el embajador estadounidense en Kazajistán, George Krol.
La delegación opositora está conformada por una decena de figuras rebeldes encabezadas por Mohamad Alush, del poderoso grupo llamado Ejército del Islam. El Gobierno sirio está enviando su embajador ante la ONU, Bashar Ja’afari y delegados militares.
La prioridad es hacer cumplir la tregua lograda con la ayuda de Rusia y Turquía el mes pasado.
El cese de fuego forjado el 30 de diciembre, que excluye a grupos extremistas como el que se hace llamar Estado Islámico y la rama local de Al-Qaeda, ha reducido el nivel de violencia, pero persisten combates en varios frentes.
Las nuevas metas buscadas reflejan el debilitamiento de la oposición, que el año pasado buscaba un plan para una transición política en Siria que excluya al presidente Bashar Assad.
Al-Aridi dijo que por los momentos no se hablará del futuro de Assad, sino que se le dará importancia a lo que calificó de violaciones de la tregua por parte del Gobierno.
La oposición también ha prometido subrayar las brutales tácticas del Gobierno de asediar a la población civil, que ha privado a cientos de miles de personas de acceso a alimentos y atención médica.