El Juzgado Decimotercero Penal le negó una solicitud de fianza para no ser detenida a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González, acusada por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente tráfico de influencias, estafa y fraude.
Según el juez Carlos Castro, en la investigación que desarrolla la Fiscalía Segunda Anticorrupción existen “elementos probatorios” suficientes contra la exfuncionaria, además de que la presunta comisión de los delitos por los que se le acusa son “graves”.
En la resolución, con fecha del 4 de febrero de 2016, el juez destaca como elementos probatorios contundentes la indagatoria rendida por Giancarlo Terán, quien declaró que parte de los salarios que devengaba en la Asamblea Nacional ($600 mensuales) y el Ministerio de Comercio e Industrias ($1,000 mensuales) por sus servicios en el call center los depositaba en una cuenta de la exjefa de Migración.
Destaca el juez la prueba que presentó Terán de los “slips” por un monto de $721.74 que depositó en la cuenta de González, así como imágenes de los cheques que cobraba en la Asamblea y que entregaba en efectivo a la exfuncionaria.
El escándalo salió a la luz en medio de la pasada campaña electoral, cuando Terán declaró que trabajaba en el centro de llamadas (call center), supuestamente manejado por la exjefa de Migración y el exviceministro de Comercio Interior Luis Eduardo Camacho, para hacer campaña contra opositores al gobierno de Ricardo Martinelli y destacar la imagen del entonces candidato presidencial de Cambio Democrático, José Domingo Arias.
El 24 de octubre de 2015, la fiscalía imputó cargos a González, mientras que a Camacho le impuso país por cárcel.
El 1 de diciembre de 2015, la fiscalía reanudó este proceso, luego de que se le levantara el fuero electoral a González y a Camacho.
Sobre este proceso Camacho dijo ayer “he demostrado en el expediente que en el nombramiento de Terán no se hizo nada irregular, fue un procedimiento común y corriente”.