Siete meses después de haberse firmado el Compromiso Nacional por la Educación, el Gobierno no ha presentado ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establezca la creación del organismo llamado a garantizar el cumplimiento de tal instrumento.
En efecto, en agosto de 2017 fue oficializada la hoja de ruta para garantizar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el país.
A través del Compromiso Nacional por la Educación se definieron 37 políticas públicas que deben desarrollarse mediante 241 líneas de acción, enmarcadas en cinco ejes temáticos: calidad, equidad, formación de educadores, inversión y gestión educativa.
Cada una de esas líneas tiene metas a corto, mediano y largo plazo durante los próximos 15 años.
Para asegurar el cumplimiento de la iniciativa, se dispuso crear mediante ley el Consejo Permanente Multisectorial, entidad responsable de velar por el cumplimiento de las recomendaciones presentadas.
El consejo estaría conformado por representantes de los ocho sectores que firmaron el compromiso: Gobierno, empresa privada, sindicatos, docentes, estudiantes y oenegés.
Siete meses después, no se ha llevado el documento a la Asamblea.
Al respecto, la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, dijo que en diciembre pasado el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 155 para presentar el proyecto en la Asamblea, pero no precisó por qué esto no se ha concretado.
POLÍTICA Y EDUCACIÓN
En este escenario, los participantes del diálogo hacen un llamado al Gobierno para acelerar el proceso o que al menos se haga lo necesario para instalar el consejo.
Gaspar García de Paredes, presidente de Grupo Unidos por la Educación, opinó que el contexto político ha sido el determinante para que este proceso no se concluya.
Citó, por ejemplo, el debate por la ratificación fallida de dos magistradas designadas por el Ejecutivo, el desmantelamiento de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y las auditorías de la Contraloría General de la República a millonarios fondos manejados a través de juntas comunales durante el pasado gobierno.
“Ha sido un clima difícil, pero no podemos seguir esperando el momento oportuno para llevarlo a la Asamblea, porque evidentemente no se va a presentar”, señaló García de Paredes.
En los mismos términos se expresó Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, que también participó en el diálogo por la educación.
Agregó que el país no puede depender del contexto político para llevar al sistema educativo a un nuevo nivel. Desde su punto de vista, “como Estado debemos tener claro que hay que desprenderse de las aspiraciones personales y poner a la educación como prioridad número uno”.
Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, indicó que se ha dilatado demasiado tiempo este paso, lo que denota “falta de voluntad y compromiso por parte del Gobierno”.
Todos coincidieron en que, aunque es importante llevar el proyecto de ley a la Asamblea, porque le ofrece “formalidad e institucionalidad” al proceso, también es posible empezar a trabajar mientras se concluye esa etapa.
Y es que según el Grupo Unidos por la Educación, en los últimos 30 años se han efectuado 28 diálogos nacionales relacionados con este sector, pero no ha habido cambios significativos, porque “solo nos estamos quedando con el diagnóstico, sin implementar los cambios que se requieren”.
El exministro de Educación Miguel Ángel Cañizález consideró que no llevar este proceso a que se formalice mediante una ley, “va a quedar como un diálogo más, cuando lo que queremos es trascender”.
Agregó que se debe tomar en cuenta que si no se formaliza el consejo a través de una ley durante este año, el próximo será menos probable, porque es un año electoral.
Universalizar la educación preescolar, ampliar a 14 años la escolaridad obligatoria, impulsar la formación bilingüe y extender las jornadas de clases de todos los estudiantes en el país forman parte de las nuevas políticas.