El exalcalde del estado venezolano de Táchira Daniel Ceballos, quien cumplía arresto domiciliario desde agosto de 2015, fue sacado a las 3:15 de la madrugada de ayer de su casa por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes lo trasladaron a la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, en el estado Guárico.
La medida se produjo un día después de que el proceso que se le sigue al dirigente quedó anulado, luego de que, según Ana Leonor Acosta, integrante de la defensa del opositor, transcurrieron los días hábiles para la continuación de la audiencia y tendría que empezar de nuevo todo el proceso.
“Anunciamos que el Juicio en contra de @Daniel_Ceballos se encuentra interrumpido, exigimos su liberación inmediata”, expresó la abogada a través de su cuenta de Twitter.
“Procesalmente, luego de 2 años y 6 meses de un juicio injusto y ahora con el juicio anulado exigimos su libertad”, agregó en otro tuit.
Lo sucedido con el exalcalde del Partido Voluntad Popular fue el tercero de los incidentes que tuvieron lugar en las últimas 24 horas y que involucran a miembros de la oposición. El primero se dio cuando una delegación de políticos ecuatorianos, que realizaban una visita a Caracas por invitación de la Asamblea Nacional, fue deportada ayer en momentos en que intentaba hablar con Lilian Tintori en las inmediaciones de la cárcel de Ramo Verde, donde se encontraba visitando a su esposo, según denunció la diputada y precandidata presidencial de Ecuador Cynthia Viteri a través de un video en el momento en que les quitaron sus documentos de identificación.
El segundo hecho tuvo lugar poco después, en el aeropuerto de Maiquetía, cuando Mitzi Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue acosada por un miembro del Sebin que con el rostro tapado la filmó todo el tiempo que estuvo en el lugar. Ella había acudido en solidaridad con los ecuatorianos deportados, que horas antes se habían reunido con ella para conocer sobre la situación de su esposo, quien también cumple arresto domiciliario.
“Lo que ocurrió anoche es un nuevo ataque de la dictadura a mi familia, a mis hijos que estaban durmiendo con Daniel y conmigo y es una muestra de lo que el régimen es capaz de hacer para tratar de destruir a la familia venezolana. Dos efectivos irrumpieron a las 3:00 de la mañana mientras dormíamos con nuestros hijos, luego nos hicieron bajar para hacer una supuesta revisión médica, una revisión que esperamos durante un año luego que él hizo aquella huelga de hambre de 20 días que dio como resultado la fecha de las elecciones del 6 de diciembre (...). Yo temo mucho por la vida de Daniel (...) No tengo duda alguna que esto es una medida para sembrar miedo en los liderazgos de la Unidad y en los venezolanos que vendrán a Caracas a exigir una fecha este 2016 para la realización del revocatorio”, manifestó la esposa de Ceballos, Patricia, a través de una nota publicada en el sitio de Voluntad Popular.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Ceballos, aseguró a través de su cuenta de Twitter que su cliente se encuentra bajo arresto domiciliario en espera de la reanudación del juicio que se le sigue por una “inexistente rebelión”, que su traslado a una cárcel constituye “un eslabón más en la cadena de violaciones de derechos humanos contra prisioneros de consciencia”; y que la medida de arresto domiciliario se concedió en función de su estado de salud y “no podía ser modificada en su perjuicio sin existir intento de fuga”, lo cual, no hubo.
VERSIÓN OFICIAL
No obstante, un comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, la tarde de ayer, asegura que la medida de enviar a prisión a Ceballos obedeció a que sus servicios de inteligencia “detectaron un plan de fuga” que el exalcalde ejecutaría “antes del próximo 1° de septiembre, a fin de dirigir y coordinar actos de violencia en el país”.
En vista de eso, agrega el texto oficial, solicitaron al tribunal la revisión de la medida sustitutiva, acordando suspender el arresto domiciliario y ordenando su traslado inmediato al internado judicial 26 de Julio, “para su aseguramiento”.
Afirman las autoridades que tienen “material de interés criminalístico, sobre los planes de fuga y otras coordinaciones con grupos violentos que actuarían el próximo 1° de septiembre. Las evidencias recabadas permitirán seguir avanzando en las investigaciones necesarias para prevenir, descubrir y neutralizar cualquier acto que intente desestabilizar nuestro sistema democrático”.
‘la jueza fue obligada’
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, señaló durante una gira por Táchira que “es bien sabido que quien llevaba la causa –Yosmar González de Delgado– fue llamada al Tribunal Supremo de Justicia” y “obligada a revocar la medida, a retrotraer el juicio a su etapa inicial, para de esa manera justificar la llevada de Daniel a un presidio común”.
Ramos Allup añadió que tiene información de que “los gamberros del gobierno” están tratando de revocar la medida de casa por cárcel al excomisario Iván Simonovis, que le fue concedida en septiembre de 2014; y que han estado “inventariando hasta los baños de la casa de Antonio Ledezma para ver si lo devuelven a Ramo Verde”.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana reaccionó a través de un tuit, calificando la acción contra Ceballos como “el más grande acto de cobardía del gobierno de @NicolasMaduro. ¡Qué vergüenza!!!”.
Desde la cuenta de Human Rights Watch Venezuela se emitieron varios tuits. “Traslados sin razón de disidentes arbitrariamente detenidos Ceballos/Pancho/Gabo muestran desesperación del gobierno por manifestaciones por referendo revocatorio”. “El gobierno de Maduro es responsable por la vida e integridad física de todos los disidentes políticos trasladados en el día de hoy”.
Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, aseguró en Twitter que el traslado de Ceballos a prisión es una expresión de radicalización de la represión. “¿Y Zapatero? ¿Dónde está?”, preguntó.