Autoridades panameñas arrestaron a una red que explotaba sexualmente a 46 ciudadanos extranjeros y utilizaban para esta actividad ilegal 11 apartamentos en el P.H. Ever Island, en calle 49 este, El Cangrejo.
Tras allanar el inmueble, personal del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) rescató a 26 mujeres y 20 hombres de nacionalidad colombiana y venezolana que eran explotados sexualmente por la red.
En el operativo fueron arrestadas tres personas –dos de nacionalidad ecuatoriana y una colombiana–, que eran los supuestos cabecillas de la red.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, informó que en los apartamentos se encontraron armas de fuego, dinero en efectivo y documentación de los extranjeros que eran explotados sexualmente.
El fiscal anunció que los detenidos fueron procesados por el delito de trata de personas.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada desarticuló una red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Tras un allanamiento efectuado con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional en un apartamento en el P.H. Ever Island, en calle 49 este, El Cangrejo, se rescataron a las víctimas de explotación sexual: 26 mujeres y 20 hombres, originarios de Colombia y Venezuela, y con edades de entre 18 y 25 años.
También se logró aprehender a los presuntos cabecillas de la red: dos ecuatorianos, una colombiana y un hondureño.
La explotación sexual se desarrollaba en 11 apartamentos del edificio. Los apartamentos eran alquilados por los ecuatorianos y luego estos lo subarrendaban para los fines de la actividad ilícita.
La procuradora Kenia Porcell dijo que la trata de personas con fines sexuales es un delito muy grave y destacó que a muchos de estos extranjeros, una vez están en el país, se les retira sus pasaportes y empiezan a ser explotados por estas redes ilegales.
El Código Penal contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión por los delitos de trata de personas. La sanción se agrava de 20 a 30 años cuando hay “engaño”, precisó la procuradora.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, expresó que fue una investigación de seguimiento que les tomó un año en concretar.
Durante el allanamiento se logró recabar datos informáticos y documentación como prueba de la explotación sexual que ocurría, dijo el fiscal.
Interrogado sobre la responsabilidad del administrador del edificio -quien fue conducido a la fiscalía-, Baloyes manifestó que se procesará a cualquier persona sospechosa de colaborar con un acto delictivo.
“No vamos a ser un país de turismo sexual”, dijo el fiscal, quien precisó que los miembros de la red fueron procesados por el supuesto delito de trata de personas.