En medio de la incertidumbre financiera que afronta el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), la Comisión de Trabajo y Salud, de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate un proyecto de ley que estipula aumentos entre el 10% y 20% en las jubilaciones de los que reciben entre $800 y $2 mil 500.
La iniciativa, que llegó al Legislativo a través de la Oficina de Participación Ciudadana, propone un incremento de 20% a los que ganen hasta $800. Así mismo, otorga 15% para los que devenguen entre $800 y $1,000. Mientras que incrementa en 10% el salario para aquellos que ganen desde $1,000 hasta $2 mil 500.
“Este proyecto de ley representa el trabajo que realiza el parlamento para favorecer a los jubilados”, aseguró el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames, presidente de la mencionada comisión.
La iniciativa, que modifica el artículo 192 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, orgánica de la CSS, estipula también que a partir de diciembre de 2018, pensionados y jubilados recibirán un bono anual de $100.
¿Y los fondos?
El presupuesto para cubrir los aumentos, de acuerdo con la misma propuesta, saldrían del “gobierno central, de los excedentes que le entrega cada año el Canal de Panamá”.
La posibilidad de que se reforme la ley de la CSS para incrementar las pensiones y jubilaciones empezó a generar las primeras reacciones de rechazo.
El analista político Edwin Cabrera fue uno de los que repudió la medida. “La irresponsable Comisión de Trabajo de la @asambleapa acaba de aprobar aumento a los jubilados y pensionados. Asumo que el dinero saldrá de las partidas 080 y 172 o lo que es igual, la fábrica de botellas. Congolandia total!”, escribió en su cuenta de Twitter.
El pasado 30 de julio, el director de la CSS, Alfredo Martiz, compareció ante el pleno del Legislativo y habló de las finanzas de la institución. Con respecto al programa de las pensiones, el más sensitivo de todos, informó que la Contraloría audita los números desde 2012 a la fecha, y precisó que la auditoría se inició en diciembre de 2017. El IVM también se ha visto afectado por el reciente fraude para evadir el pago de la cuota obrero patronal.