INFORME

Refugiados señalan quejas contra Estado panameño

Refugiados señalan quejas contra Estado panameño
Entre 1990 hasta el primer semestre de 2017, Panamá ha reconocido a 2 mil 479 personas como refugiadas.

La población solicitante de refugio y personas refugiadas en Panamá se quejan de que el Estado les ofrece pocas oportunidades para acceso a su territorio y a los servicios básicos como alimentación, educación y permiso temporal de trabajo. Los señalamientos están en un documento elaborado por el Estado panameño con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para refugiados.

REFUGIADOS, CON POCA PROTECCIÓN

La limitada presencia de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (Onpar) en zonas de frontera terrestre y el aeropuerto de Tocumen, el no acceso a permiso de trabajo, la falta de programas estatales para proveer alimentación, así como situaciones de discriminación en centros escolares, fueron algunos de los problemas identificados para la personas solicitantes de refugio y las refugiadas en Panamá.

Estas y otras carencias fueron plasmadas en el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (Mirps), un documento elaborado entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) con los Estados de Panamá, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México, el cual busca abordar las necesidades identificadas durante un proceso de consultas nacionales y regionales con los refugiados.

El Mirps, finalizado el pasado mes de octubre, tiene como meta hacer operativos los compromisos existentes en esta materia y promover nuevas iniciativas para abordar situaciones de desplazamiento desde una perspectiva integral y regional, asociado a países de origen, tránsito y destino.

El documento, según la Acnur, será presentado como una aplicación práctica y detallada de la región en el desarrollo del Pacto Mundial sobre Refugiados, el cual será adoptado por Panamá y los demás países en mención el próximo año.

CAPÍTULO PANAMEÑO

El Estado panameño confirmó su participación en el Mirps en julio de 2017.

Durante los últimos años, según la Acnur, Panamá ha experimentado cambios en la dinámica de las solicitudes de la condición de refugiado, presentándose un aumento de solicitudes de personas que huyen de la violencia en búsqueda de protección, principalmente de países del norte de Centro América, Colombia y Venezuela, quienes están optando por Panamá como país de acogida.

Según estadísticas de la Onpar, entre 1990 y el primer semestre de 2017, Panamá reconoció a 2 mil 474 personas como refugiadas.

A esta cifra se le suman otras cinco solicitudes de refugio aprobadas por el Ministerio de Gobierno el pasado viernes.

Para trabajar el Mirps, Panamá realizó desde julio pasado una serie de consultas locales con instituciones gubernamentales, sociedad civil organizada y agencias de las Naciones Unidas.

VACÍOS

Las consultas también incluyeron mesas de trabajo con la población solicitante y refugiada durante los meses de agosto y septiembre de 2017.

Estos identificaron una serie de carencias en asuntos de protección y asuntos jurídicos, el acceso a necesidades básicas y la integración sociocultural y medios de vida.

En cuanto al acceso al territorio, los solicitantes y refugiados señalaron la falta de un personal capacitado para la identificación de personas con necesidades de protección internacional en los puestos fronterizos.

Un factor que incide es la alta rotación del personal del Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras en puestos fronterizos.

Otro de los vacíos que señala el documento es la mora de casos debido al flujo de solicitudes que sobrepasan la capacidad de la Onpar y que repercute en retrasos en los procedimientos de registro, entrevista y de resolución.

Además, indicaron las limitaciones del espacio físico del inmueble en el que se ubica la Onpar, que, a juicio de los solicitantes y refugiados, “dificultan la garantía de la confidencialidad durante las entrevistas”.

En relación a la documentación, apuntaron las dificultades administrativas ligadas a los procesos de renovación de los distintos documentos, así como el no acceso a un permiso temporal de trabajo.

También destacaron la necesidad de una vivienda digna y el bajo acceso a atención psicológica y psiquiátrica. Finalmente, entre las inconformidades también señalaron el acceso a la educación y a la integración sociocultural.

Indican, por ejemplo, la dificultad para acceso a educación superior por la documentación requerida y situaciones de bullying y discriminación en centros escolares por parte de profesores y alumnos.

COMPROMISOS

En diciembre de 2014, Panamá adoptó la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, acordando mantener altos estándares de protección a nivel internacional y regional, e implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas.

Posteriormente, en 2015, se adoptó la Declaración de San José sobre la erradicación del trabajo infantil y el cumplimiento de la legislación laboral nacional e internacional.

Un año más tarde, Panamá respaldó la Declaración de Nueva York para los refugiados y migrantes.

Mientras que este mes, Panamá se adhirió a la Declaración de San Pedro Sula, un esfuerzo para abordar el ciclo completo de desplazamiento.

 

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