El Gobierno del Reino Unido anunció ayer más mano dura contra la inmigración ilegal en respuesta a la crisis en Calais (Francia), donde cientos de inmigrantes intentan entrar a diario en el eurotúnel para llegar clandestinamente a Inglaterra.
El ministro de Comunidades, el conservador Greg Clark, adelantó que la próxima ley de inmigración, que se tramitará tras el receso veraniego, obligará a los caseros a expulsar a los inquilinos que estén en situación irregular.
Según estas medidas, los propietarios de inmuebles tendrán que asegurarse en primera instancia de que no alquilan su propiedad a personas sin derecho a residir en el Reino Unido.
En caso de que los inquilinos pierdan posteriormente su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo, los podrán expulsar de la vivienda, en algunos casos sin autorización judicial.
El Ministerio del Interior comunicará a los caseros el nombre de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada y que por tanto no tienen derecho a quedarse en el país, apuntó Clark.
La futura ley de inmigración, que solo se aplicará en Inglaterra —otras regiones británicas tienen su propia normativa—, penalizará a los caseros que no lleven a cabo las comprobaciones necesarias antes de alquilar su propiedad o que no expulsen a los ilegales.
Según los datos adelantados ayer, la sanción puede ser una multa o una pena de prisión de hasta cinco años.
El director de la Asociación nacional de caseros, Richard Lambert, declaró a la BBC que estos nuevos requerimientos “pueden poner a la gente en peligro”, pues los inmigrantes podrían oponer resistencia, atrincherarse o defenderse “con todas sus fuerzas”. “Debemos pensar bien las consecuencias antes de introducir este tipo de sistemas”, afirmó.
También se prevén medidas para castigar a los caseros que exploten a inmigrantes en situación irregular y les alquilen pisos y viviendas en malas condiciones, explicó el ministro del gobierno de David Cameron.
“Estamos decididos a combatir con fuerza a los caseros que hacen dinero de la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración”, aseguró.
Añadió que “en el futuro, los caseros tendrán que asegurarse de que sus inquilinos tienen el derecho de permanecer en el país”.
Además, el Gobierno ha sometido a consulta una nueva normativa para retirar la ayuda económica que se concede a las familias de solicitantes de asilo fallidos, de las que hay unas 10 mil en Inglaterra.
El gobierno conservador de Cameron quiere mostrar mano dura contra la inmigración tras recibir presiones por su gestión de la crisis en el puerto de Calais, donde cada día decenas de personas tratan de entrar clandestinamente en el eurotúnel para llegar a Inglaterra.
Solo la noche del domingo, la Policía francesa interceptó mil 700 tentativas de entrada en las instalaciones del túnel que une ambos países por debajo del canal de la Mancha, cifra que el pasado lunes se elevó a 2 mil y que se había reducido progresivamente hasta las entre 300 y 400 del fin de semana.
El Ejecutivo francés ha enviado refuerzos policiales para atajar la situación, que provoca retrasos y ha afectado a la economía y los veraneantes británicos, mientras que Londres ha destinado agentes de seguridad y perros y construye una nueva valla para dificultar el acceso.
La crisis en Calais se ha transformado en un asunto muy sensible políticamente en el Reino Unido, cuyo gobierno conservador ha hecho bandera de la lucha contra la inmigración legal e ilegal.
Presionado por los sectores más reaccionarios del país, incluidos los euroescépticos, Cameron ha prometido proteger las fronteras de la “plaga” de inmigrantes que busca cruzar a suelo británico.
