La Alianza Ciudadana Pro Justicia reiteró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado panameño continúa la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otras razones, por el hacinamiento.
Durante la denuncia, presentada ayer en una audiencia temática ante la CIDH, en Washington, se sustentó que esta situación se ha hecho más caótica debido a la detención preventiva y a que hay más de 9 mil 500 reos sin ir a juicio.
María Luisa Romero, en representación de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, expresó que en 2008 el Estado se comprometió a mejorar la situación de los detenidos panameños, pero a la fecha, cinco años después, no se ha cumplido. Detalló que un 80% de los presos (15 mil 124) está en cárceles superpobladas.
Explicó que aún no existe una carrera penitenciaria y los policías siguen presentes en las cárceles, lo que se presta para abusos.
Además, se quejó de que en febrero pasado se les negó el acceso a tres penales.
Romero agregó que en visita a las cárceles La Joya y La Joyita, constató que la clínica no tiene galenos y que los internos tienen dificultades para recibir atención médica. Reiteró que las millonarias inversiones en cárceles, no solucionan el hacinamiento
Rubén Castrejo, abogado de la Alianza Ciudadana, manifestó que las diligencias judiciales y audiencias se suspenden constantemente en las fiscalías y juzgados por problemas de traslado.
Sobre este tema, Vladimir Franco, asesor jurídico de la Cancillería de Panamá, señaló que hay seis salones de videoaudiencias en La Joya y La Joyita, y juzgados móviles para llevar a cabo audiencias y evitar que sean suspendidas por falta de traslado.
Ángel Calderón, director del Sistema Penitenciario, explicó que la construcción de las nuevas cárceles y nuevos pabellones en los penales existentes, se justifica porque disminuirán el hacinamiento. Añadió que en 2012 se dieron 37 mil 453 atenciones médicas en las 22 cárceles del país y este año van 20 mil 26.
Castrejo solicitó a la CIDH que haga una visita a los penales en Panamá y que se haga pública la respuesta del Estado ante la denuncia presentada.