La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, inició ayer una visita a El Salvador en la que recibirá informes “preocupantes” de la violencia que vive el país, informaron organismos humanitarios como el Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamérica y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Para las entidades humanitarias, “el énfasis represivo de las políticas de seguridad del Estado” han llevado a “evidenciar la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador”.
Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se mantendrá en El Salvador hasta el 5 de febrero próximo, con el fin de evaluar con las autoridades locales y organismos humanitarios el caso de los homicidios arbitrarios.
La funcionaria “viene a un país donde hay una señal de alerta por esos niveles de preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”, declaró el abogado Abraham Abrego, de la organización Cristosal.
De 2014 a junio de 2017, según las oenegés, se registraron mil 607 “supuestos enfrentamientos”, de policías y militares con civiles, la mayoría integrantes de estructuras pandilleras.
Como resultado de esos enfrentamientos murieron mil 416 personas, entre supuestos pandilleros, civiles, policías y militares, y 442 resultaron lesionadas. “Del total de personas que perdieron la vida, mil 325 murieron a manos de agentes de seguridad del Estado”, concluyen las entidades.
Desde marzo de 2016, el Gobierno aplica severas "medidas extraordinarias" en las cárceles donde están recluidos pandilleros, en un afán de cortar la comunicación de cabecillas encerrados con el exterior.
Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, solicitó al Congreso prorrogar esas medidas por un año más.
“Las alarmantes cifras ponen en evidencia una práctica de ejecuciones extrajudiciales, entendida como el asesinato deliberado cometido por el Estado o bien por particulares que gozan de aquiescencia, es decir, consentimiento del mismo”, advierten los entes humanitarios en un comunicado.