El Gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana.
A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
Continúa la opresión
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la “represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”.
Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.
El Gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe, al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.
Además, señaló que la misión del organismo no fue invitada para hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos, por lo tanto el contenido del informe es el resultado de un trabajo que se ha extralimitado en sus alcances y que, incluso, violenta la soberanía nicaragüense.
“El informe es parcializado y sesgado, con afirmaciones subjetivas”, manifestó el gobierno de Daniel Ortega en un comunicado en el que lamentó que en el documento no se haga ninguna referencia al intento de golpe de Estado del que, afirma, ha sido víctima por parte de “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.
Gobierno niega excesos
El Ejecutivo nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
A mediados de abril pasado, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega.
Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines.
El mandatario retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
