La escalada de violencia que vive Nicaragua desde hace dos meses y medio por la represión a las protestas deja entre 220 y 309 muertos, la mayoría hombres y jóvenes, informaron ayer martes diferentes organizaciones de derechos humanos.
Según un informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), entre el 18 de abril, cuando se iniciaron las protestas, y el 2 de julio, se registran 309 muertos, de los cuales 288 están confirmados con nombres, aunque en proceso de verificación de sus familiares.
Los restantes no han sido identificados, según el organismo.
La Anpdh reporta más de mil 500 heridos, 158 secuestrados por grupos paramilitares, 246 civiles excarcelados tras ser detenidos en las protestas y 20 policías liberados de manos de los manifestantes.
Por otro lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) coinciden en contabilizar 220 muertos en las protestas, y tienen una docena más en proceso de verificación.
De acuerdo con la Anpdh, al menos 24 personas murieron la última semana, “lo que preocupa profundamente”.
“Miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control”, dijo el secretario de la Anpdh, Álvaro Leiva, en rueda de prensa.
Señaló que de los 309 muertos reportados por su organismo, 122 son jóvenes de 18 a 30 años y 25 menores de 17 años.
El informe indica que 81% de las víctimas murió por impacto de bala en la cabeza, cuello, tórax y abdomen, y el resto por morteros, arma blanca u otras circunstancias.
A juicio de Leiva, las muertes por la represión reflejan que “no hay voluntad política del Estado por respetar los derechos humanos de los nicaragüenses”.
“Esperamos que el Estado tome conciencia de lo que está sucediendo, tiene que comprender que no es una isla y que debe presentar su justificación sobre todas estas muertes a la comunidad internacional”, dijo Leiva.
Consideró que la Policía y el Ejército tienen la responsabilidad de desmantelar a los grupos parapoliciales, antes de que estos se salgan de control de las autoridades.
Si no lo hacen “lo vamos a lamentar después, cuando veamos más muertes”, advirtió. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ayer martes medidas cautelares a 13 directivos y activistas de la CPDH, incluido su secretario ejecutivo, Marcos Carmona.
Investigarán violencia
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua que investigará los hechos de violencia y las muertes ocurridas desde abril, cuando comenzaron las protestas sociales en ese país.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y la comisionada Antonia Urrejola, relatora del país, informaron en rueda de prensa que los integrantes del grupo tienen dos objetivos: ayudar en las investigaciones de los hechos de violencia y apoyar el desarrollo de un plan de atención a las víctimas.