Más de $35 millones en contratos logró adjudicarse la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) entre 2010 y 2015 en Panamá, sin levantar sospechas del supuesto “pago de coimas” a funcionarios panameños, hecho que es investigado por las autoridades en España.
En la investigación, denominada “caso Lezo”, se identifica al gerente de Inassa, Javier Domínguez, como “responsable directo de estos ilícitos [pago de coimas] a funcionarios”.
“Habiendo quedado patente que este último [Domínguez] informa puntualmente sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino, como su superior jerárquico en la administración del grupo Inassa...”, advirtió el juez español de la causa, Eloy Velasco.
Éstos detalles se lograron a través de la intervención de correos electrónicos a Inassa, relata el juez, quien plantea, además, que es una práctica que se estaba realizando también en República Dominicana.
El juez deja de manifiesto que “no hay duda” de que mecanismos “corruptos” de contratación de servicios se hayan usado frecuentemente en otros contratos públicos en Panamá, en los que se había recurrido a intermediarios para adquirir contratos.
En la investigación se detectó el supuesto pago de coimas a funcionarios del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), para la adjudicación de un contrato por $4.9 millones a Inassa y a la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario en La Pintada, provincia de Coclé.
MILLONES
Su primer contrato –de $11.9 millones, adjudicado en 2010– lo obtuvo en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para el cobro de la cartera morosa en Panamá metro y Oeste, en medio de acciones de reclamo.
En el proceso de licitación que se observa en la página gubernamental de Panamá Compra otras empresas ofertaron menos, pero fueron descalificadas.
Llegado el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, se encontraron con muchos problemas de “incumplimientos”, aseguró el director de Comercialización del Idaan, Jesús Arrocha.
Al final, el Estado tuvo que pagar $11 millones a Inassa. Y, pese a ello, la empresa logró adjudicarse en 2015 otro contrato por $11.1 millones para la lectura de medidores y entrega de recibos.
Aseguró que este contrato entró a regir a partir de este año, debido a que hubo demora en el refrendo del contrato en la Contraloría, que solicitó correcciones.
Al ser cuestionado Arrocha sobre las razones de la entrega del contrato a una empresa que incumplió y que ha tenido conflictos legales con la entidad, aseguró que, aunque tuvieron problemas, no podían descalificarla y que sus competidores, aunque ofertaron menos, no cumplían con el pliego de condiciones.
El funcionario reconoció que actualmente han tenido problemas con Inassa en los servicios que presta.
Arrocha informó que, por ahora, le deben $3 millones a Inassa, correspondientes a 2016. “Quedamos fríos cuando nos enteramos del pago de coimas. Estamos sorprendidos”, aseguró el funcionario.
Añadió que si la empresa queda fuera del mercado por problemas legales, el Idaan no cuenta con “un plan B” para verificar los medidores ni para entregar los recibos de agua en la región que cubre Inassa. Además, que no cuentan con presupuesto para contratar a más personal.