La Fiscalía Sexta Anticorrupción giró oficios a todos los bancos de la localidad, a los que les solicitó información financiera de los exfuncionarios del Órgano Judicial supuestamente ligados a una red de corrupción que recibía dinero a cambio de beneficiar a imputados.
Fuentes del Ministerio Público precisaron que el fiscal Aurelio Velásquez envió los oficios la semana pasada y pidió, entre otros datos, los movimientos de las cuentas de los sospechosos entre el 1 de enero de 2014 y hasta la presente fecha.
También solicitó detalles sobre préstamos personales, plazos fijos, fideicomisos y cajas de seguridad de los sospechosos.
Por este caso, la fiscalía investiga a 37 personas, 10 de ellas exfuncionarias del Órgano Judicial. De este grupo, ocho están detenidas, a saber: Edgar Jordán, Blas Macre, Carmen Castro, Gabriel De León, Eduardo García, Javier De Gracia, Rosa Quiroz, Ana Barsallo, Evelio Hidalgo y Rigoberto Ríos.
Los otros dos exfuncionarios, Kira Puga y Carlos Herazo, tienen medida cautelar de impedimento de salida del país y de notificación.
El resto de los acusados son jurados de conciencia, a quienes se les impuso medidas de notificación ante la fiscalía.
Como parte de la investigación, el fiscal revisa las medidas cautelares otorgadas por estos exfuncionarios, así como las decisiones adoptadas por los diferentes jurados de conciencia.
Kevin Moncada, abogado de Kira Puga, insistió en que las medidas de libertad no son otorgadas por notificadores, secretarios ni choferes. “Si realmente se quiere investigar esta red de corrupción de forma completa, deben mirar a los funcionarios con facultades jurisdiccionales para conceder libertades; de lo contrario, se nutriría la teoría de que toda esta denuncia no fue más que un show armado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia –José Ayú Prado– para amortiguar escándalos al reelegirse en la presidencia de esa máxima corporación de justicia”, dijo.