El Consorcio Línea 2, liderado por la constructora brasileña Odebrecht, está negociando con dos bancos para conseguir una nueva estructura de financiamiento y costear la segunda línea del Metro de Panamá.
El esquema original que planteó el consorcio estaba formado por el banco estadounidense Citibank, los japoneses Mizuho Bank y The Bank of Tokio-Mitsubishi, y la oficina de Nueva York del alemán Deutsche Bank.
En mayo del año pasado, se conoció que Citibank había renunciado a participar en el préstamo sindicado.
El Consorcio Línea 2 dijo entonces que la salida del banco estadounidense no impactaría la ejecución del proyecto, y que estaba “negociando con diversas instituciones que han asumido la participación del Citibank”.
Al ser consultado al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo en aquel momento que “Citi era uno de los bancos participantes en el financiamiento del contratista con un porcentaje bajo. El contratista ha informado al Gobierno que este porcentaje será financiado por otras entidades bancarias y, en caso de ser necesario, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportaría al proyecto hasta $200 millones”.
Lo que no revelaron en 2016 ni el MEF ni el consorcio, ni el Metro de Panamá, S.A., es que luego de que Citi renunciara a participar en el financiamiento de la línea 2, hicieron lo propio los otros bancos que apoyarían el proyecto. Esto lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, en conversación con este diario. “Era un préstamo sindicado liderado por Citibank y se salió todo el sindicado”, explicó.
La creciente crisis reputacional de Odebrecht, que tiene una participación del 60% en el consorcio, habría imposibilitado el cierre del préstamo.
En junio de 2015, poco después de que en Panamá Odebrecht y su socio FCC Construcción se adjudicaran el contrato para la línea 2 del Metro, fue detenido en Brasil el entonces presidente de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht.
El ejecutivo, que ese mismo año había sido uno de los ponentes en el foro empresarial que precedió a la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, fue condenado a 19 años de prisión por la participación de Odebrecht en una trama de corrupción alrededor de contratos de la petrolera estatal brasileña Petrobras.
La implicación de la empresa en el escándalo es tal, que hasta 77 ejecutivos del grupo firmaron acuerdos de delación para reducir eventuales condenas.
Las revelaciones fueron destapando casos de corrupción en todo el continente.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa habría admitido el pago de unos $800 millones en sobornos a funcionarios de países de África y América Latina. En Panamá habrían pagado $59 millones en coimas entre 2009 y 2014.
Estas revelaciones propiciaron la apertura de nuevas investigaciones en los países mencionados, la cancelación de contratos y la prohibición de participar en nuevas licitaciones públicas para el gigante brasileño.
Con la deteriorada carta de presentación de su empresa líder, el consorcio se vio en la necesidad de volver a salir al mercado en busca de un grupo de bancos que financie la segunda línea del Metro de Panamá, una de las obras más importantes para la administración del presidente Juan Carlos Varela.
El consorcio ha dicho desde hace varios meses que está negociando con un grupo de instituciones y, en las últimas semanas, precisó que “el trámite del financiamiento del proyecto línea 2 se encuentra en su etapa final”.
De La Guardia dijo ayer que el Gobierno está en comunicación con los nuevos bancos que financiarían el proyecto y que “ya confirmaron que se pasaron todos los procesos de autorización y estaban en la parte de documentación de la transacción”, algo que se podría completar entre finales de marzo y abril.
Un economista local afirmó ayer a este diario que no veía “cómo banco alguno pueda establecer una relación con la empresa, cuando no se sabe el alcance final del escándalo, no se sabe cuántas multas, castigos ni cuántas delaciones premiadas más pueda haber por parte de sus directivos (...) Se expondría al banco a un riesgo reputacional altísimo y con la situación actual que tenemos con corresponsales y calificadoras, no valdría la pena”.
Una prueba del aumento del riesgo que representa Odebrecht es la degradación constante de su calificación de riesgo. El pasado 17 de enero, Fitch Ratings rebajó la calificación de la constructora de B- a CC y también redujo la calificación de emisiones de deuda por un total de $3 mil 100 millones.
Según la escala de Fitch, CC significa que la empresa tiene “niveles muy altos de riesgo crediticio”. Solo hay un escalón más antes de llegar a la consideración de impago restringido.
En favor del consorcio juega que la línea 2 del Metro es un proyecto estatal y, por lo tanto, los pagos al banco están garantizados. Es decir, en este caso concreto el riesgo no es tanto de crédito como de reputación.
De hecho, si Metro de Panamá, S.A., no pudiera hacerse cargo de los pagos por cualquier motivo, el Consejo de Gabinete aprobó un aval de la República respaldando el proyecto. Esto se hizo con la estructura de financiamiento liderada por Citibank y se mantendría para la nueva, en caso de ser completada.
No obstante, De La Guardia dejó claro que el costo de financiamiento pactado con el consorcio en 2015 ($205 millones) no se modificará y que si la nueva estructura que se está negociando resulta más costosa, la diferencia tendrá que ser asumida por las empresas.
LA OBRA AVANZA
Al ser un proyecto llave en mano, la responsabilidad de obtener los fondos es del consorcio. El Estado paga según un calendario pactado en el contrato y contra avance de obra.
Metro de Panamá y el consorcio han señalado que hasta la fecha la obra se ejecuta según el cronograma, y el nivel de avance supera el 30%.
¿De dónde obtiene el consorcio los recursos para la obra si no ha cerrado el financiamiento a largo plazo? “Eso es responsabilidad de ellos”, contestó De La Guardia, mientras que el consorcio no respondió a la pregunta de qué capacidad tienen de seguir inyectando fondos a la obra mientras reciben el desembolso de los bancos.
Por lo pronto, como parte del contrato, Metro de Panamá ya ha hecho varios pagos. El primero, de $100 millones, en concepto de adelanto. En 2015, además, pagó otros $54.7 millones y en 2016 desembolsó $233 millones.
Ese año, el consorcio obtuvo liquidez anticipada porque vendió al Banco Nacional de Panamá $120 millones en facturas por cobrar (certificados de no objeción emitidos por Metro de Panamá y refrendados por la Contraloría General de la República). Para este año, está programado el pago de $385.7 millones.
Para garantizar la continuidad de la obra, la primera opción que maneja el Ejecutivo es el cierre de la nueva estructura de financiamiento, dijo De La Guardia. El ministro también admitió que se están barajando alternativas –que no especificó– para responder en caso de que el consorcio no logre el financiamiento.
El presidente de la junta directiva de Metro de Panamá, S.A., Roberto Roy, dijo en una conversación anterior que el consorcio tiene responsabilidad solidaria; es decir, que en el evento que uno de los socios no pudiera continuar en el proyecto, el otro lo asumiría al 100%.
Además, hay dos fianzas de cumplimiento que cubrirían el 20% del monto del contrato ($412 millones). En el pliego de condiciones se había pedido a las empresas una fianza de cumplimiento para cubrir el 15% del contrato, pero la Contraloría General de la República solicitó una fianza adicional por otro 5% antes de refrendar el contrato al Consorcio Línea 2, luego de estallar el escándalo de Odebrecht.
Estas fianzas serían un respaldo para el Gobierno en caso de que el consorcio no tenga capacidad para completar el trabajo.