La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, parecía ayer estar al borde de perder su cargo luego de una votación en el Congreso para someterla a juicio político y debido a que hay señales que apuntan a que tiene poco respaldo en el Senado, que decidirá si se le destituye en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.
La votación de 367-137 en la cámara baja a favor del juicio político envió el tema al Senado, en donde 45 de los 81 senadores han dicho que votarán para que continúe el proceso, según reportes locales.
En caso de que la mayoría de los senadores voten para enjuiciar a Rousseff, sería suspendida, y el vicepresidente Michel Temer tomaría el poder de manera temporal.
Bajo los complicados lineamientos del proceso de juicio político, podría tomar poco más de 10 días antes de que se emita un voto y al menos 40 días antes de que se decida el futuro de Rousseff. Sin embargo, la velocidad del proceso también depende de la voluntad política del líder del Senado, Renán Calheiros, quien podría alargar durante meses un eventual juicio y una votación final.
Durante una conferencia de prensa ayer, Rousseff dijo que no renunciará.
“Tengo la energía, fuerza y valor para confrontar esta injusticia”, afirmó, y acusó a Temer de conspirar en su contra.
La votación en la cámara baja empeoró la confusión respecto al panorama político en Brasil, que también lidia con su peor recesión en décadas y con un gran escándalo de corrupción mientras se prepara a albergar los Juegos Olímpicos en agosto.
La votación de juicio político ha dividido profundamente a los brasileños, y decenas de miles de ellos se manifestaron frente al Congreso y en distintas ciudades del país durante las votaciones.
Muchos brasileños consideran a Rousseff responsable de toda una serie de problemas, desde la devastadora recesión hasta los altos impuestos y malos servicios públicos.
Al mismo tiempo, una amplia franja de la población señala que millones de brasileños han salido de la miseria en la última década gracias al Partido de los Trabajadores de la mandataria, y consideran que la votación legislativa es antidemocrática.
“Estoy contenta porque creo que Dilma tenía que irse, pero también estoy triste de que llegáramos a esto y muy preocupada de que el próximo presidente pueda ser aún peor”, dijo Patricia Santos, de 52 años, propietaria de un pequeño negocio y que estaba entre unos 60 mil manifestantes a favor y en contra del Gobierno congregados ante el Congreso. “Tiemblo de pensar lo que nos espera ahora”.
El procedimiento de juicio político contra Rousseff se basa en las acusaciones de que utilizó trucos de contabilidad para apuntalar el débil apoyo que tenía mediante gasto público.