Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la apertura de una investigación a la presidenta Dilma Rousseff y al exgobernante Luiz Inácio Lula daSilva por supuestamente obstruir el curso de una investigación de corrupción, informó el canal de televisión Globo News.
Según la cadena, la decisión del juez Teori Zavascki autoriza al fiscal general Rodrigo Janot a buscar evidencia adicional de que Rousseff trató de nombrar a Lula en un cargo en el gabinete para ayudarlo a evitar un proceso judicial.
En junio pasado, Zavascki prohibió el uso de algunas escuchas telefónicas en las que se oía a Rousseff y Lula negociando la designación al gabinete.
El canal de noticias, que no mencionó cómo obtuvo la información, también dijo el martes que Zavascki autorizó la apertura de investigaciones independientes a Aloízio Mercadante y José Eduardo Cardozo, dos exministros de Rousseff, por acusaciones similares.
No fue posible contactar de inmediato a representantes de prensa del Supremo Tribunal Federal (STF), ni de la oficina del fiscal general en Brasilia.
En un comunicado, el personal de prensa de Rousseff negó cualquier intento por obstruir a la justicia, agregando que la investigación permitirá“que la verdad prevalezca”.
Portavoces de Cardozo y Mercadante no hicieron comentarios de inmediato.
En un correo electrónico de amplia distribución, los abogados de Lula manifestaron que el expresidente “no practicó ningún acto que pueda configurar la obstrucción a la justicia”.
La decisión posiblemente aumentará la presión sobre los dos líderes políticos, cuyo Partido de los Trabajadores está envuelto en un escándalo sobre contratos estatales conocido en Brasil como Operación Lava Jato.
De hecho, según la agencia de noticias AFP, que confirmó la información basada en fuentes judiciales, la decisión de la Corte Suprema, convierte a Rousseff en formalmente investigada en relación con esta trama de corrupción que desde 2014 buscan desentramar las autoridades y en la cual se habrían desviado más de 2 mil millones de dólares de la estatal Petrobras.
Las principales constructoras del país obtenían contratos a cambio de sobornos destinados a directivos de la estatal y a políticos y sus partidos, de acuerdo con la investigación.
Según AFP, la fiscalía también ve indicios de que Rousseff nominó a dos jueces del máximo tribunal de apelaciones a cambio de que estos votaran, llegado el momento, a favor de liberar a poderosos empresarios que están presos por participar del esquema corrupto en Petrobras.
Esta es la primera vez que un juez del STF ha autorizado una investigación a Rousseff, suspendida del cargo desde el pasado 12 de mayo, y quien será sometida a un juicio político en el Senado el 25 de agosto bajo cargos de manipular las cuentas públicas.
Solo el STF puede autorizar las investigaciones contra Rousseff y los miembros del gabinete, debido a que gozan de inmunidad.
A fines del mes pasado, un juez federal presentó cargos contra Lula por intentar obstruir el trabajo de los investigadores en la Operación Lava Jato. Según la decisión del juez, del 30 de julio, Lula y otras cinco personas presuntamente conspiraron en un intento por comprar el silencio de un exejecutivo de Petróleo Brasileiro, S.A., controlada por el Estado, que estuvo involucrado en el escándalo.
Según los pronósticos de analistas y de los propios senadores, la votación final del juicio político contra Rousseff confirmará en el cargo al presidente interino Michel Temer hasta fines de 2018.
Si se concreta, la destitución de Rousseff acabará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder, que desde que Lula asumió la presidencia, en 2003, reivindica haber sacado a millones de brasileños de la pobreza.