La Comisión de Estado por la Justicia entrevistó ayer a Ana Zita Rowe, otra de las que aspira a ser magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se trata de la segunda vez que Rowe, actual magistrada suplente en las jurisdicciones civil y de competencia y asuntos del consumidor, se somete a los cuestionamientos de este grupo, ya que en 2015 se postuló para alcanzar este puesto, pero no fue considerada por el Ejecutivo, a pesar de que en ese momento la Comisión de Estado le dio una de las mayores puntuaciones.
Las preguntas que le hicieron los miembros de la comisión se enfocaron principalmente en la independencia judicial.
Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, le preguntó: “¿Cómo garantizará la independencia en la prestación del servicio?” y Rowe contestó: “cada una de las decisiones que se van a conocer tienen que estar revestidas con suficiente fuerza moral, idoneidad ética del juzgador e independiente de sus propios prejuicios. La independencia también se garantiza con el respeto de otros poderes”.
Denunció que recibió presiones de un magistrado de la Corte, cuyo nombre no dio, luego de haber criticado el sistema de justicia durante su intervención ante la comisión hace tres años. Pero, afirmó que su independencia no se doblega.
También cuestionó la mora judicial, dijo que faltan normas para facilitar los trámites y advirtió que a los administradores de justicia les falta formación.
Sobre esto último, indicó que la entidad debe planificar el uso de recursos. “Hay que maximizarlos, reformular las competencias que tienen los magistrados de crear juzgados y tribunales. Hay que alejarnos de las distracciones y valorar a qué actividades podemos asistir”, dijo.
Opinó, además, que para cambiar la imagen de la Corte y recuperar su credibilidad se debe priorizar el trámite de los expedientes, respetar los plazos de ley, y abrir espacios de comunicación con la sociedad civil y el ciudadano afectado por alguna causa.
Abogó por la implementación completa de la carrera judicial. “No necesitamos buscar otros mecanismos, tenemos una ley que obliga al funcionario a registrar en internet el estatus de los expedientes, garantiza la continua evaluación y establece el amparo de la independencia, pero es una ley que no se está aplicando”, advirtió.