La audiencia estaba pactada para las 9:00 a.m. Era la primera vez que el exdiputado perredista Rubén De León debía enfrentar al equipo de fiscales del Ministerio Público (MP), que lo acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública por supuestas irregularidades en el caso de las planillas de la Asamblea Nacional (AN).
Sin embargo, De León nunca se presentó a la diligencia. Sus abogados, Roberto Moreno y Ángel Álvarez, alegaron que presentaron dos recursos ante la Corte Suprema de Justicia y que están a la espera de que se resuelvan para comparecer.
Uno de esos recursos trata sobre la competencia para investigar a De León: si el MP o la propia Corte. Esto, a raíz de que De León fue electo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) el pasado 5 de mayo en la lista del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El otro recurso es un habeas corpus, que pretende evitar que a De León se le vulnere el libre tránsito.
Por su parte, la fiscal Zuleyka Moore, que representó al MP en la audiencia, le recordó a la jueza de garantías, Clara Montenegro, que el exdiputado no ha sido juramentado como miembro del Parlacen.
La jueza informó que De León está debidamente notificado, por lo que debe comparecer a la audiencia. Si no lo hace, “lo peor que puede pasar es traerlo [a la audiencia] con los estamentos de seguridad del Estado”, manifestó.
Moore le pidió que aprobara una orden de conducción, pero Montenegro le contestó que no era parte de sus facultades generar esa medida, que la fiscalía puede aplicarla.
Minutos antes, la audiencia de imputación fue reprogramada para mañana a las 9:00 a.m.
De León, presidente de la Asamblea de 2015 a 2017, fue uno de los diputados del quinquenio 2014-2019 que más fondos recibió en concepto de planillas y contratos legislativos. En total, cobró $6.4 millones.
El proceso que se le sigue se deriva de información de la Contraloría General de la República sobre el manejo supuestamente irregular de planillas del Legislativo. Lo anterior, a raíz de que la ciudadana Sumari Chong, quien se identifica como víctima, testificó ante la Fiscalía Anticorrupción que recibió poco más de $15 mil –en dos transferencias bancarias– de su prima política Rubiela Pitano, y que ese dinero no le pertenece.
Los fondos, según lo recabado por la fiscalía, provendrían de las planillas de la Asamblea Nacional que fueron asignadas a De León en el quinquenio pasado.
En la misma audiencia de ayer, la fiscalía imputó cargos a Pitano por la supuesta comisión del delito de falsedad. Pitano renunció la pasada semana a su designación como jefa de la Secretaría Nacional de Discapacidad para hacer frente a este proceso. Le impusieron las medidas cautelares de notificación los días 20 de cada mes y prohibición de salida del país.
En la diligencia, la fiscal sustentó elementos que probarían que Chong no tenía nada que ver con la Asamblea. Narró, por ejemplo, que Teófilo Gálvez, encargado de entregar los cheques en la Asamblea, testificó a la fiscalía que no conoce a Chong.
Moore también sustentó que Chong contó que nunca laboró en la Asamblea.