En 1998, mediante el Decreto No. 10 de 17 de febrero de ese año, “el Tribunal Electoral (TE) instituyó una tarifa combinada para brindar servicios de verificación de identidad y se adoptó la reglamentación aplicable”.
Con esta aclaración la institución electoral le respondió al secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, sus cuestionamientos sobre el sustento legal del Servicio de Verificación de Identidad (SVI) luego que el propio TE fuera quien denunciara el plagio de su base de datos para alimentar una plataforma de la campaña presidencial de José Domingo Arias, del oficialista Cambio Democrático (CD).
En su carta, el funcionario le exigió al TE que explicara bajo qué leyes se creó el SVI y se permitió su utilización a instituciones y a empresas privadas; además, pidió detalles del manejo del dinero que se recauda al prestar este servicio. Fueron ocho preguntas, con varios puntos incluidos, las que Camacho, figura importante en la campaña de Arias, envió al TE.
Según el TE, la instauración del SVI “se adopta como parte de las iniciativas del gobierno electrónico para evitar que los ciudadanos tengan que personarse a las dependencias del TE a autenticar su cédula, como se les requería previamente en la entidades públicas para la prestación de sus respectivos servicios”. La corporación electoral añade que la iniciativa para este sistema provino “del sector privado” [particularmente la banca y aseguradoras].
La Ley 31 de 2006, que regula el Registro Civil, establece en su artículo 83 que “el Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, podrá brindar por internet u otros sistemas de comunicación, servicios de verificación y consulta de identificación ciudadana, de conformidad con las tarifas y la reglamentación aprobada para tal efecto por los magistrados del TE”.
$4.2 MILLONES
En su respuesta, el TE reveló que desde 2002 hasta 2013 el SVI le ha significado un ingreso de $4.2 millones, siendo 2012 en el que más se recaudó, con $668 mil, provenientes de la prestación de este servicio.
En su carta, Camacho solicitó que la institución explicara a qué cuenta iban los fondos y si la Contraloría intervenía en el proceso.
“El TE, de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución, tiene patrimonio propio y derecho de administrarlo, y de acuerdo al artículo 125 del Código Electoral está autorizado para establecer el costo de los servicios que presta y para administrar los fondos que recauda y los que el Órgano Ejecutivo deba poner a su disposición, de acuerdo con la Ley de Presupuesto General del Estado”, respondió la institución.
Sin embargo, se le explicó a Camacho que “todos los ingresos obtenidos están previamente presupuestados en la ley anual del Presupuesto General del Estado y forman parte del presupuesto oficial de la institución”.
Se le detalló que “los ingresos obtenidos por el SVI representan en promedio de los 12 años, el 9% de la recaudación anual del TE, y el 2% en promedio de los gastos que se ejecutan (...). No puede haber un informe de gastos incurridos con cargo a los ingresos del SVI porque ese ingreso no se administra de manera separada o independiente de los demás recursos de gestión”.
La respuesta también incluye dos anexos. En el primero se evidencia que 49 entidades públicas manejan este servicio, que van desde el Hospital del Niño hasta la Procuraduría General de la Nación, pasando por autoridades, ministerios y secretarías.
En el sector privado, 101 empresas adquirieron esta plataforma, con la que se consulta de forma individual. La mayoría se enfoca a las finanzas, aunque también hay notarías, medios de comunicación y de importación, como es el caso de Importadora Ricamar, que pertenece a la familia del presidente de la República, Ricardo Martinelli.
ORIGEN DE LA CARTA
La petición de Camacho surgió luego de que el TE interpusiera una demanda ante la Procuraduría por el supuesto plagio de su base de datos para la alimentación de la plataforma de Arias, que contenía información sensitiva de todos los ciudadanos panameños.
En el portal de CD se podía conocer si alguien era funcionario, a qué partido político pertenecía y si recibía beneficios de un programa social del Estado. También aparecían estos mismos datos sobre los hijos, padres, hermanos y conocidos de cualquier ciudadano. Todos ilustrados con la fotografía de la cédula.
En su denuncia, el TE aseguró que a esta información, distante a la que aparece en el SVI –limitado a la misma información que aparece en la cédula–, solo tenían acceso algunas instituciones, entre las que figuraba el Ministerio de Presidencia, en el que labora Camacho.
Ana Belfon, procuradora de la Nación, informó apenas unos días después de recibir la denuncia que también investigaría los sustentos legales que le daban vida al SVI.
El próximo lunes, Martinelli y Arias evaluarán las metas alcanzadas con su polémica plataforma.