Si Odebrecht cumple cabalmente sus nuevos compromisos éticos tras el escándalo en el que está involucrada, sus días en Panamá están contados. Veamos a qué me refiero. Las investigaciones judiciales por corrupción han revelado una vieja práctica de la que no somos ajenos. Desde hace tiempo, todos sospechábamos o sabíamos que muchos políticos se enriquecen a la sombra del poder. Nada nuevo, pero en los últimos años hemos sido testigos de una megacorrupción.
Está probado que la forma de hacer negocios con el gobierno –incluso al más bajo nivel– involucra el pago de coimas. La iniciativa del soborno va en dos vías: la empresa que busca un contrato ofrece dinero al funcionario por este o los funcionarios exigen coima si la empresa quiere el contrato, incluso, habiendo ganado una licitación. De cualquier forma, el soborno es la moneda de curso habitual en estos tratos.
Eso no significa que la empresa dejará de ganar por pagar coimas. Ese “tributo”, que puede definirse como el “derecho a participar”, es trasladado al ciudadano que paga impuestos en forma de sobrecostos, adendas, etc. Aquellos ciudadanos que se sientan cómodos con la corrupción comprobada y/o confesada, sencillamente no son mejores que los “coimeados” y seguramente han desarrollado una empatía por este tipo de conducta. Son los autocongos o los que nos quieren conguear.
Las pruebas de que hay corrupción en la adjudicación de contratos sobran; robar dinero a través de obras filantrópicas con fondos del Estado está a la vista; administrar de forma oscura nuestros impuestos con el fin de esquilmarlos es evidente. Así ha sido y así seguramente sigue siendo y, sin dudarlo, seguirá siendo así en el futuro, con honrosas excepciones. Ello solo cambiará cuando la impunidad deje de estar en la lista de los privilegios que se obtienen al llegar al poder. Para lograrlo, los ciudadanos tendremos que intervenir. Después de todo, es nuestro dinero el que esos pillos se roban.
Este preámbulo es necesario para entender por qué a Odebrecht le resta poco en Panamá, si verdaderamente cumple con sus nuevos compromisos. El primero de ellos dice: “Luchar contra la corrupción y no tolerarla en cualquiera de sus formas, inclusive extorsión y soborno”. Es decir, ya no podrá pagar coimas. Pero el segundo es el que la pone fuera del país: “Decir no con firmeza y determinación a oportunidades de negocio que entren en conflicto con este compromiso”. Si la justicia panameña no pudo condenar a Odebrecht por sus delitos, su nuevo pacto ético –si lo cumple– es su condena más severa. Y si decide cumplir, será insuficiente decir no con firmeza. Tendrá que denunciar la corrupción ... o convertirse en cómplice por guardar silencio.