El 18 de diciembre de 2014, Giacomo Tamburrelli, exdirector del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), denunció haber sido grabado y con esa grabación, amenazado. Su declaración no surgió del capricho de divulgar algo que habría preferido mantener en secreto. Nueve días antes, Ricardo Martinelli se presentó al negocio de su esposa, María Cristela. “Vino él [Martinelli], Salo Shamah hacia mi esposa, a intimidarla, con una serie de grabaciones mías…”. “He cometido errores, soy un hombre... Si tengo que hacer frente a la justicia lo voy a hacer, pero no tolero este tipo de amenazas a mi familia”, dijo el exdirector del PAN, al referirse a la vista de Martinelli estando él confinado en su casa.
Tamburrelli cooperaba con el Ministerio Público en las investigaciones del PAN: comida deshidratada –en la que involucró a Martinelli– y el pago de coimas, al que vinculó al prófugo ex secretario privado de Martinelli, Chichi De Obarrio. “Las autoridades deben tomar medidas para que Martinelli no pueda evadir su comparecencia a los tribunales para rendir cuenta de sus actos”, advirtió. Un mes después, Martinelli se fue del país.
Fuentes del Ministerio Público revelaron que la esposa de Tamburrelli, citada por la Fiscalía del Crimen Organizado para hablar de esa “visita”, no dio declaraciones por temor a represalias a ella y a su familia. Tamburrelli le dijo a Martinelli que era “uno de los primeritos que me ha querido intimidar, [que] ha querido pagar mi silencio y no lo voy a aceptar”.
Tras la denuncia de Tamburrelli, su abogado, Gonzalo Moncada, reveló que, debido a las amenazas que ha sufrido, la familia de Tamburrelli ha tomado la decisión de abandonar el país. “Él [Giacomo] teme por su vida, pero más por la de su familia y sus hijos. Su esposa… tuvo que irse tras las últimas amenazas directas”, sostuvo.
¿Qué decía el fallo que mandó a Martinelli a su casa? “El testigo de identidad reservada responsabilizó al acusado [Martinelli] de lo que le pudiese suceder a él y a su familia. Sin embargo, no se trata de un hecho concreto, sino a futuro, lo cual resulta incierto y no sustentable en la actualidad. Esto es que el Tribunal no tiene certeza de que, en efecto, ello llegue o no llegue a suceder; máxime si el mismo no ha hecho referencia a amenazas recibidas por parte del acusado”.
Según esas palabras, habrá que esperar a que se produzca la amenaza –o se concrete– sin importar que hay documentados antecedentes. Como dicen los del Tribunal que mandó a Martinelli a su casa, “in claris non fit interpretatio”, es decir, “en las cosas claras no se hace interpretación” o, dicho de forma más clara: “De lo cierto no es necesario hacer conjeturas”. Mejor en latín: “in certis non est coniecturae locus”. Pero reina la insensatez.