Hace unos días, el caso Odebrecht encontró modista en el Órgano Judicial. La magistrada que elaboró el fallotreto ese que pone fin a la investigación del proceso más emblemático de corrupción de América Latina y Panamá está tomando la forma de un traje que poco a poco se ciñe a las medidas de los acusados. Yo no sé de derecho, pero sé que me robaron. También sé que con mis impuestos –y los que aportan todos los conciudadanos- pagamos los salarios de estos magistrados… y las coimas que recibió un montón de “servidores públicos”.
Eso me da el derecho a opinar sobre sus decisiones que, contrario a lo que ellos puedan creer, son empleados míos y de todos los que pagamos impuestos, aunque aquí hay gente que no tiene conciencia de este hecho y erróneamente cree que trabajamos para ellos. Estos señores están para impartir justicia, pero, a juzgar por ese fallo, su interés es complacer a los señalados como receptores de millones en coimas. Plata que salió de nuestros bolsillos, incluso, del de ellos, los juzgadores.
En la mente de la magistrada ponente del fallo parece que reina una suerte de inclinación a la impunidad. Por ejemplo, en su fallo, esta señora –que echa sus siestas en las audiencias en las que es jueza– dice que “la investigación debe tener como norte un límite de tiempo razonable…”. Yo habría jurado que la investigación tiene como fin encontrar culpables o exonerar inocentes. ¿Dónde habrá estudiado?
Lo que escribió después es conmovedor. Dice que extender la investigación en este caso “llena de incertidumbre a los procesados vinculados a la causa”. Casi me echo a llorar. Y a los que nos robaron, ¿qué? Los que pagamos su salario somos una pila de tontos útiles, ¿o qué? ¿Ese es lo que entiende por justicia? Luego se queja de que la fiscal no le dijo con tildes, comas y comillas qué es específicamente lo que quería investigar. Así que no más tiempo para investigar.
El cargo de magistrado en tribunales superiores es para toda la vida, literalmente. Y si a estas alturas la magistrada se pregunta qué quieren investigar los fiscales, creo que sus siestas duran más que unos pocos ronquidos. Y el colmo es lo que alega después: dijo que, como no hay certeza del alcance de los resultados en caso de ampliarse el término de la investigación, se verán afectados “los derechos de las personas con medidas cautelares, de la colectividad y del país”. O sea, nos metió a todos en el mismo churuco: coimeados y víctimas.
Y aunque reconoce que esta “es una causa compleja, cuya complejidad radica en ser un caso con ribetes internacionales”, su dictamen es proteger a los acusados, pues podrían ser víctimas (de la justicia), si es que son condenados. Y con esas pobres criaturas sí hay que ser solidarios.