Gracias a las reformas que están introduciendo los diputados a la Constitución Política, esta ya no será la nuestra, sino la de los Picapiedras. ¿Acaso los diputados apuestan a que los panameños no sabemos leer entre líneas lo que eliminan o introducen? Tal parece que hacen todo lo posible para que el proyecto sea rechazado cuando haya que aprobarlo en referéndum. Eso significa que tendremos que quedarnos con lo que tenemos. Y cualquiera que sea el escenario, implica retrocesos. Pero, dejando la actual, al menos, no daremos un salto al vacío.
Examinemos una de las propuestas. Fue aprobada el pasado jueves, en medio de bombas de humo. La propuesta fue modificar el artículo 4 de la Constitución, que actualmente dice así: “La República de Panamá acata las normas del derecho internacional”. Lo nuevo es que le agregan unas cuantas palabras que tienen una repercusión sin precedentes. El nuevo artículo diría lo anterior, pero con el siguiente añadido: "… no obstante, se reconoce la superioridad del derecho nacional".
Con menos de diez palabras, Edison Broce, Zulay Rodríguez, Leandro Ávila, Corina Cano y Héctor Brands, entre otros, pretenden convertir tratados internacionales en normas que pueden o no cumplirse, dado que el derecho panameño estaría por encima del internacional. Desconoceríamos, por ejemplo, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si nos diera la gana, porque los fallos locales tienen superioridad. Nada obligaría al Estado a pagar indemnizaciones o acatar sus fallos. Esto es comparable a una renuncia tácita a esos tratados.
El último eslabón de justicia a la que tienen acceso los panameños –la Corte Interamericana– sería cercenado por una turba de pillos sin escrúpulos, cuyas consecuencias son ilimitadas y desconocidas, aunque podemos estar seguros que no será nada bueno para el país, pues nos estaríamos aislando del mundo.
Sencillamente, no puedo creer que estos cambios se hagan sin medir consecuencias. Precisamente, por saberlas, es que me inclino a pensar que existe un deliberado deseo de que estas reformas fracasen, incluso, antes de su nacimiento. Se trata de diputados con experiencia, con conocimientos sobre el tema, y cuya principal función es crear y aprobar leyes. No puede haber ignorancia supina, cuando todos sabemos que ellos no dan un paso sin saber dónde darán el siguiente.
Concluyo que el proceso de reformas es una imperdonable pérdida de tiempo. Es el inconfesable anhelo de que las cosas permanezcan igual o de hacer quedar mal al Presidente, porque bien saben los diputados que reformas como estas, y otras igual de disparatadas, son la indubitable garantía de su rechazo.