Quienes lo conocen no dudan en afirmar que es una persona afable, cordial, carismática. Regordete, de sonrisa fácil, a nadie sorprendió cuando en 2004, a los 39 años de edad, aupado por la derecha, Elías Antonio Saca ganó las elecciones en El Salvador, derrotando con un 60% al candidato izquierdista Shafik Handal. La sorpresa llegó hace unos días.
Conocido popularmente como Tony, muchos lo recuerdan en sus inicios como vendedor de publicidad, luego como comentarista deportivo, más malo que bueno, según dicen, y después como dueño de un emporio radial, el Grupo Samix, acrónimo de su apellido y el de su esposa.
“Mucha gente lamenta la condición en la que está, aunque son más los que públicamente le recriminan los niveles de corrupción”, dijo ayer a La Prensa desde San Salvador una fuente que prefirió el anonimato.
Asalto al Estado
Esta semana, Saca confesó que durante su mandato (2004-2009) utilizó de las arcas estatales $301 millones en contratos fantasmas, dinero para sus empresas, transferencias para su partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y sobresueldos, entre otros.
Para sus fechorías, Saca se valió de 16 cuentas en bancos privados, que no fueron autorizadas por la Dirección de Tesorería; una Corte de Cuentas cómplice y complaciente, y un partido político que se sirvió del dinero público para el pago de campaña proselitista, según reporta La Prensa Gráfica.
El expresidente, de acuerdo con el diario, confesó que le transfirió $400 mil en un principio al partido Arena, en el que militaba y el cual presidía, y que luego entregó varios millones de fondos públicos.
No precisó cuánto le transfirió a ese partido, pero la fiscalía ha dicho que son $7.6 millones. Parte del dinero, según la confesión brindada esta semana por Élmer Charlaix, otro de los procesados, sirvió para pagar la campaña para los candidatos a alcaldes y diputados de Arena para el período 2006-2009.
Ante estos señalamientos, el partido señaló que “los registros contables de esa época desaparecieron en el partido”.
Saca también admitió que además de enviar dinero público a sus empresas, cobraba en estas últimas, y que de los gastos de la Presidencia le pagó $10 mil mensuales a su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, aunque esta estaba contratada ad honorem.
Acuerdo
Tras confesar el asalto al dinero estatal, el exmandatario salvadoreño acordó con la Fiscalía recibir una pena mínima de 10 años de prisión, extensiva a tres imputados, partícipes de lo que hoy día en El Salvador se conoce como el caso del “destape a la corrupción”.