La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos recursos de reconsideración a una sentencia emitida en mayo pasado que condenó al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani y a Ignacio Torres, exfuncionario de esa entidad, a una pena de 18 meses de prisión por su vinculación con el envenenamiento que padecieron asegurados de la CSS luego de tomar jarabe con el tóxico dietilenglicol.
El fallo del pasado 2 de agosto dice, por ejemplo, que las acciones legales presentadas por Luciani y Torres, quien se desempeñaba como asistente de farmacia de la CSS, no tenían que ser presentadas en esa instancia, ya que esa sala solo trata los autos de enjuiciamiento y sobreseimiento dictados por tribunales, “mas no las sentencias penales en segunda instancia”.
La defensa de Luciani alegó que el fallo que condenó al exdirector de la CSS a ocho meses de prisión desconoció un fallo del Segundo Tribunal de Justicia que declaró ilegal la orden de detención expedida por la Fiscalía Especial que investigó el caso.
Mientras que el abogado de Torres sustentó que su cliente no fue la persona que realizó las pruebas para verificar la sustancia que se usó como base para elaborar los medicamentos, y que resultó siendo un refrigerante para carros.
ACLARACIONES
La Sala Penal tampoco avaló cuatro solicitudes de aclaración de las penas de prisión a varios de los implicados en este proceso.
Se trata de los recursos presentados por Linda Thomas, exjefa del laboratorio de la CSS, quien fue condenada a 18 meses de prisión; y Edward Taylor, exfuncionario de control de calidad del laboratorio de la CSS, quien recibió una sentencia de 15 años de cárcel.
Teófilo Gateno, empresario que financió la compra del tóxico, fue condenado a cinco años de prisión; y Miguel Algandona, exanalista del laboratorio de la CSS, de acuerdo con la sentencia, debe pagar 15 años de cárcel.
EL SUSTENTO
De acuerdo con los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano y Harry Díaz, la figura de aclaración de sentencia fue establecida con el propósito de dar una pronta solución en caso de que las partes, al ser notificadas de una resolución, observaran alguna omisión o contradicción en el fallo. Y agregan que el documento presentado por estas personas está orientado hacia la norma penal infringida y la pena aplicada, y no hace hace mención de algún error aritmético o de escritura.
En este caso también se sentenció a 15 años de prisión a Ángel De La Cruz, dueño de la empresa Medicom, que le vendió el tóxico a la CSS. Mientras que Pablo Solís, exjefe de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, deberá pagar 18 meses de cárcel.
Muchas personas -aún se ignora el número exacto- han muerto luego de que tomaran jarabe con el tóxico.