La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el contrato de concesión otorgado a la empresa Cantera del Istmo, S.A. que permitía la extracción de mineral no metálico en 501 hectáreas en cerro Cabra, Veracruz, Arraiján.
El fallo responde a una demanda de nulidad presentada por cinco residentes de cerro Cabra en 2012.
La sentencia –fechada el 20 de octubre de 2015 y publicada en Gaceta Oficial el 12 de este mes, con ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega– declaró nulo por ilegal el contrato suscrito el 3 de mayo de 2012 entre Cantera del Istmo, S.A. y el Ministerio de Comercio e Industrias.
La decisión de la Sala Tercera se sustentó en un fallo del 12 de febrero de 2015, que declaró legal un acuerdo del Consejo Municipal de Arraiján, a través del cual se definió a cerro Cabra como “área protegida”.
“El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y agua”, señala el acuerdo municipal.
Para Harley Mitchell hijo, activista y exdirector de Legal de la extinta Autoridad Nacional del Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente), la decisión es “oportuna”, pues alrededor de cerro Cabra hay recursos que deben ser protegidos.
Destacó, además, que hay comunidades que requieren de ese ambiente natural para una sana convivencia.
Por su parte, Esperanza Mena, uno de los cinco residentes de esa comunidad que presentó la demanda, indicó que lo decidido por la Sala Tercera es el resultado de una lucha comunitaria. “Con este fallo se preserva el medioambiente, los ríos, quebradas y árboles de cerro Cabra”, puntualizó.
Los residentes del lugar realizaron entre 2012 y 2014 varias protestas contra los trabajos de extracción, ya que consideraban que su impacto en la comunidad era por demás negativo.
EMPRESA SE DEFIENDE
Por su parte, la empresa Cantera del Istmo, S.A. subrayó, a través de su abogado, Luis Carlos Rey, que evalúan el fallo y otros recursos para “dar vida” a la concesión que anuló la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte. “Estamos estudiando la situación para presentar próximamente un nuevo recurso”, manifestó.
En su momento, los moradores del área se quejaron porque la entonces Autoridad Nacional del Ambiente no hizo la consulta ciudadana para aprobar el estudio de impacto ambiental y con ello incumplió la Ley de Transparencia de 2002.
Incluso, denunciaron que la concesión se dio por 501 hectáreas y no por 72 hectáreas, como lo señalaba el informe ambiental.
Además, alegaron que tampoco se consultó a organizaciones científicas sobre los perjuicios ambientales.
El año pasado también se dejó sin efecto la concesión otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias para la extracción de material no metálico en una cantera en Cárdenas, corregimiento de Ancón.
A raíz de la mala gestión en la zona, el Ministerio de Ambiente sancionó a los responsables de la cantera con $1.4 millones.