El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 2 del 6 de febrero de 2018, que busca que la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) sea más efectiva y expedita a la hora de imponer sanciones a las empresas distribuidoras eléctricas, por los daños ocasionados por fluctuaciones de voltaje, las bajas de corriente y los apagones.
Esta norma reforma la Ley 26 de 1996 y la Ley 6 de 1997 respecto a daños por deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Plantea, por ejemplo, que en el caso de reclamo por pérdida o daño de equipos o aparatos eléctricos por la interrupción total o parcial de la energía eléctrica, entre otros, que el afectado pueda presentar la factura de compra del equipo o aparato.
De igual forma, este tiene la opción de hacer una cotización para la reparación. El distribuidor tendrá 30 días calendario para la reparación o reposición del bien.
Se establece también que si el prestador del servicio interpone una demanda de ilegalidad en un proceso administrativo adelantado por la ASEP, que tenga por objeto el resarcir al cliente y esta no sea admitida o el fallo sea adverso, el prestador del servicio deberá pagar las sumas que resulten del proceso principal.
Además, deberá pagar los intereses como compensación al cliente final.