El diputado panameñista Carlos Santana no puede renunciar a la “prerrogativa de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” para enfrentar la investigación –en la que es mencionado– por supuesto peculado en la compensación de buses “diablos rojos”, tal como lo anunció ayer.
Así lo explicó el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, quien precisó que la renuncia a tal prerrogativa es imposible por mandato constitucional.
Detalló que la CSJ es la institución competente para investigar a los diputados, como lo establece el artículo 155 de la Constitución, que dice: “Los miembros de la Asamblea Nacional (AN) podrán ser investigados y procesados por la CSJ por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la AN (...)”.
Márquez Amado también explicó que el artículo 206 de la carta política dice que para efectos de la investigación a diputados el pleno de la CSJ comisionará a un agente de instrucción.
El diputado presentó ayer tres cartas notariadas, dirigidas a la presidenta de la AN, Yanibel Ábrego; a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell; y al presidente encargado de la CSJ, Hernán De León, en las que les comunicó su decisión.