El embajador español en Panamá, Ramón Santos, expresó ayer en entrevista con La Prensa que la decisión del Parlamento catalán de declarar la independencia va en contra de la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía catalán, que garantiza el autogobierno de la región.
Al poner en contexto la postura frontal del independentismo catalán en este momento, el diplomático la relacionó con una reunión que sostuvieron en plena crisis económica de 2012 el expresidente regional Artur Mas y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que Mas le pidió a Madrid la utilización del Fondo de Liquidez Autonómica y tener un concierto financiero (instrumento jurídico para el manejo de tributos y las finanzas).
A la primera petición, dijo, Rajoy accedió, pero le negó la posibilidad de la segunda, ya que implicaba una reforma de mayor calado en el Estatuto del autogobierno y el sistema fiscal catalán.
“A raíz de eso, el Gobierno catalán decide que no puede continuar dentro del Estado español y se pone al frente de la independencia”, indicó.
Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont entre en desacato a lo dispuesto por Rajoy, Santos prefirió no hacer pronósticos. “Hay que confiar en que comprendan que fueron demasiado lejos. (...) El Estado de derecho tiene mecanismos para hacer imperar la ley”, alegó Santos.
El embajador señaló que la sociedad catalana está actualmente enfrentada, con divisiones familiares y brechas sociales y emocionales. “Una situación realmente muy triste y muy lastimosa que no va a ser muy fácil de superar”, agregó.
Al responder a la interpretación efectuada sobre la detención de los dos líderes independentistas Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), detenidos por sedición, adujo que “ha sido una manipulación más” de ambas organizaciones.
“Es una falsedad inaceptable, porque España no tiene nada que ver con la época de Franco”, opinó Santos, aludiendo a las referencias del independentismo que citan la supuesta vuelta del franquismo y los presos políticos.
Por último y con relación al cambio de sede social, por la crisis de empresas como Freixenet o Planeta, advirtió que significaría un declive en la recaudación de impuestos por parte de las autoridades catalanas.