Dieciocho candidatos independentistas en las elecciones de hoy jueves en Cataluña son investigados judicialmente por sus acciones en favor de la secesión, lo que podría costarles condenas de más de 15 años de cárcel. Tres de ellos están en prisión preventiva.
El juez a cargo de instruir el caso sobre las acciones del presidente independentista catalán destituido Carles Puigdemont y su gobierno resumió en un auto reciente las sospechas sobre ellos.
Según el texto, son sospechosos de formar parte de una “organización” con “una premeditada estrategia perfectamente coordinada, con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, principalmente a través de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium”, con el propósito de proclamar a Cataluña “como república independiente”.
En realidad, las investigaciones de la justicia son varias. En Barcelona, un juez comenzó a indagar en la primavera un supuesto robo de datos fiscales que habría tenido como finalidad poner en marcha una Hacienda catalana independiente.
De su lado, el tribunal superior de justicia de Cataluña investiga desde principios de septiembre posibles actos de desobediencia de la justicia y malversación de fondos por la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la Corte Constitucional, y que involucran a los miembros del ejecutivo destituido. En septiembre, la situación se tensó. La Guardia Civil multiplicó los registros y el 20 de ese mes arrestó a 14 altos responsables catalanes, desatando multitudinarias protestas.
Una de ellas, frente a una sede del gobierno catalán, impidió por varias horas la salida de agentes que registraban su interior.
Líderes independentistas se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil para dirigirse a la multitud. En Madrid, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela abrió una investigación por “sedición”, un delito punible con hasta 15 años de prisión que consiste en alzarse públicamente “para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”. Mientras, los independentistas siguieron adelante con el referéndum de autodeterminación y el 1 de octubre congregaron a miles de electores frente a los centros de votación.
La jornada se vio empañada por la violencia policial, objeto de una investigación en Barcelona: a principios de diciembre, 257 personas que dijeron haber sufrido heridas ya habían puesto denuncias.
A partir de principios de octubre, el núcleo duro del independentismo sufre las primeras bajas. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los presidentes de las asociaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium son inculpados y el 17 de octubre son puestos en prisión preventiva.
El pulso entre Madrid y los independentistas continuó y desembocó el 27 de octubre en la declaración de independencia, seguida por la toma de control de Cataluña por parte del gobierno central. El 31, la jueza Carmen Lamela aceptó tramitar la querella por el delito de rebelión, punible con 25 años de cárcel, y que implica que una persona se alce “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Casi todo el caso se encuentra ahora en manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que mantiene también los delitos de sedición y malversación de fondos.