Dilma Rousseff, una exguerrillera que fue torturada y encarcelada durante la dictadura de su país, que se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil y que ganó un segundo mandato en enero de 2015, fue destituida ayer tras ser hallada culpable de violar la ley de responsabilidad fiscal, por 61 de 81 senadores, un poco más de los 54 votos que se requería.
Pero como sus detractores no lograron inhabilitarla políticamente, podrá ser candidata a puestos de elección en 2018, menos para presidenta, porque ya fue electa dos veces de forma consecutiva.
El veredicto cerró un proceso de casi un año, en el que se profundizó la crisis económica y social de Brasil, agravada por el escándalo de corrupción en la estatal petrolera, un caso que afectó a empresarios y políticos ligados al partido de Rousseff y que salpica a un número elevado de los senadores que la destituyeron ayer.
El exvicepresidente, Michel Temer, asumió ayer como presidente, para concluir el mandato a fines de 2018.
La destitución de Rousseff fue calificada por la izquierda de la región como un golpe de Estado parlamentario, al punto de que los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia retiraron a sus representantes en Brasil.
En respuesta, Brasil anunció que convocará a sus representantes diplomáticos en esas naciones.