Tras la aprobación y entrada en vigencia de la Ley 55 de 11 de julio de 2017 que regula la protección de recién nacidos y adiciona un artículo al Código Penal, la norma espera por ser reglamentada.
La tarea de regular esta nueva ley es responsabilidad de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la cual deberá establecer los protocolos para su adecuado funcionamiento.
Yazmín Cárdenas, directora de esa institución, manifestó que actualmente el tema es analizado, sin embargo, no brindó mayores detalles al respecto.
Mediante esta normativa se despenaliza el abandono de recién nacidos, si estos son entregados por su madre a un centro receptor dentro de los primeros siete días de vida certificados por un pediatra idóneo o, a falta de este, por un médico idóneo.
Se establecen como centros receptores todos los centros médicos públicos o privados y los albergues dotados de personal idóneo certificados por la Senniaf.
La entrada en vigencia de la norma ha creado inquietud entre las organizaciones que defienden los derechos de la población menor de edad.
Roderick Chaverri, abogado y miembro de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá, que aglutina a 37 gremios que velan por la niñez, aseguró que el sistema panameño no está preparado para aplicar esta ley.
Mencionó, por ejemplo, que no se tiene un sistema sólido de casas de acogida, que es donde se supone deben esperar los menores abandonados hasta que sus casos sean atendidos de forma definitiva.
Además, manifestó que no existe una plataforma digital integral que permita a las instituciones vinculadas con el tema registrar y dar seguimiento a los casos.
Para Chaverri, la normativa confiere a Senniaf una serie de responsabilidades para las que “no está preparada”, porque no cuenta con presupuesto y personal para controlar, supervisar y dar seguimiento a la ley, lo que es “un severo problema”.