La Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, que dicta las normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y dicta otras disposiciones, dice que cualquier persona tiene derecho a solicitar –sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna– la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la ley.
Es decir, simplemente por el hecho de querer saber, cualquier persona, sin importar de dónde es ni la edad ni para qué lo requiere, puede hacer esta petición.
Las empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de exclusividad (por ejemplo, las compañías de electricidad) están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio con relación a este.
Igualmente, según la norma, toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado, y a corregir o eliminar información que sea incorrecta, irrelevante, incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes.