De todos los países que han pedido asistencia judicial a Brasil, específicamente en el tema de los testimonios de los delatores de la empresa Odebrecht, Perú ha tomado la delantera. El pasado 8 de junio firmó un acuerdo con el Ministerio Público Federal de ese país en el que se compromete al uso limitado de las pruebas solicitadas.
Se trata de un documento que sería el modelo –salvo por fechas, nombres y asuntos específicos– que tendrían que firmar todos los fiscales que soliciten cooperación a Brasil, incluyendo el Ministerio Público de Panamá.
LAS CONDICIONES
Dicho documento, publicado en el sitio web IDL Reporteros, indica que los firmantes se comprometen como autoridades “competentes para la cooperación jurídica internacional…”, a asumir el compromiso de “no utilizar [resaltado y subrayado en el original] contra el colaborador Marcelo Bahía Odebrecht, contra cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño, que tenga firmado acuerdos de colaboración premiada en el ámbito del caso Lava Jato y/o terceros empleados y/o exempleados de Odebrecht que vengan de adherir al Acuerdo de Lenidad celebrado entre Odebrecht, S.A. y el Ministerio Público Federal el 1 de diciembre de 2016 y homologado mediante los juicios competentes,[…] acciones penales, acciones civiles o procesos administrativos en su jurisdicción”.
Fuentes panameñas han confirmado a La Prensa que el acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil aún no ha sido firmado y es probable que este sea remitido a las autoridades locales entre esta y la próxima semana.
Las fuentes creen que los términos de cada acuerdo variarían, dependiendo de los colaboradores que brindaron sus testimonios en delación premiada.
Pero, en todo caso, Panamá o cualquier otro país que quiera las delaciones, tendrá que comprometerse a respetar los términos de los acuerdos de delación y lenidad que celebraron ejecutivos de Odebrecht en Brasil.
Si Panamá firma este acuerdo –que los fiscales argentinos no suscribieron– no se podría acusar al director superintendente de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, o al vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, Luiz Mameri, o al resto de los brasileños que habrían testimoniado sobre quiénes recibieron sobornos en Panamá.
CONFIDENCIALIDAD
El sitio de noticias peruano resalta que los firmantes del acuerdo –en este caso con fiscales peruanos– se comprometen a “no transferir o entregar por cualquier modo o manera a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales u otros países las pruebas a las que se refiere este compromiso”, salvo permiso expreso de la autoridad brasileña.
En el párrafo final, los firmantes declaran estar conscientes de que “las limitaciones de uso aquí fijadas” se justifican en el derecho del Estado brasileño a denegar asistencia que pueda afectar el respeto a los derechos de defensa, a la garantía del debido proceso y a “la regla del non bis in idem”, es decir, a no ser acusado o juzgado dos veces por el mismo hecho.
La viabilidad del acuerdo firmado por los peruanos se basa en varios artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), en los que se precisa que el Estado requerido –es decir, Brasil–“condiciona el acceso a las pruebas derivadas de acuerdos de lenidad y de acuerdos de colaboración premiada a la garantía de que los colaboradores [de la justicia brasileña] del caso Lava Jato, sean personas físicas o jurídicas, no serán procesados civil, administrativa o criminalmente en esas jurisdicciones por los hechos revelados y los documentos suministrados voluntariamente a las autoridades brasileñas, así como por las pruebas derivadas de los referidos hechos y documentos y mantendrán sus identidades y paradero preservados en reserva”.
ACUERDOS
El viernes pasado, la procuradora Kenia Porcell participó en una reunión de alto nivel en Brasil, que tuvo la finalidad “de coordinar los mecanismos mediante el cual se atenderán las asistencias internacionales solicitadas por Panamá en el caso Odebrecht, atendiendo los lineamientos, compromisos y deberes que conlleva el manejo de los requerimientos que desde el 1 de junio se tramitan en Brasil”, informó el Ministerio Público de Panamá.
Añadió que la reunión fue un seguimiento a otra celebrada en febrero de 2017, a la que asistieron 11 procuradores generales de la región.
En esa cita, los asistentes suscribieron la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción sobre investigaciones que involucran a Odebrecht y en atención a seis asistencias internacionales” que ha tramitado Panamá en Brasil.