Desde que Eduardo Peñaloza asumió el cargo de fiscal electoral, en mayo de 2010, el presupuesto de la institución que rige ha ido en aumento.
Sin embargo, estos incrementos en el presupuesto de la institución, que para el ejercicio de 2009 fue de $3.6 millones y para 2014 será de $8.2 millones, parecen no transferirse al trabajo que ha desempeñado Peñaloza, señalan activistas de la sociedad civil.
“Aquí se están utilizando recursos del Estado para apadrinar una candidatura de gobierno y tenemos una Fiscalía Electoral que no habla, que no ve, que no actúa”, declaró en noviembre de 2013 el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, sobre el desempeño de la Fiscalía Electoral.
Al igual que Álvarez, dirigentes de la sociedad civil destacan que en las gavetas de la institución aún reposan expedientes sin resolver, sobre todo los que afectan al gobernante Cambio Democrático (CD), lo que no hace más que despertar suspicacias en torno a la independencia de la entidad y a las funciones que la ley le dicta al fiscal.
Peñaloza, quien percibe $10 mil mensuales en concepto de salario y gastos de representación, de acuerdo con la planilla del gobierno central, llegó a la fiscalía después de militar durante 13 años en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y 10 años en CD.
Antes de ser fiscal electoral, Peñaloza fue subdirector de Migración al inicio del mandato del presidente Ricardo Martinelli, al mismo tiempo que ejercía como abogado y miembro de la comisión de ética y honor de CD.
“Este señor [Peñaloza], al que se le paga un salario de $10 mil mensuales con el impuesto de todos, lo mínimo que debería hacer es decir que ´ha habido tantas denuncias´, o que ´esto se ha investigado”, manifestó Javier Ordinola, experto en temas electorales.
“Su trabajo ha sido deficiente, y todavía está a tiempo de rectificar. El jefe del fiscal somos los ciudadanos”, añadió Ordinola.
CONTROVERSIAS
Uno de los casos que ha puesto en tela de juicio, tanto la independencia de la Fiscalía Electoral como la imparcialidad de Peñaloza, es el del perredista Félix Moulanier.
Moulanier, líder de la juventud del PRD, denunció el pasado 3 de enero que dirigentes del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista intentaron sobornarlo para que renunciara a su colectivo.
Desde entonces, Moulanier pidió a la Fiscalía Electoral que abriera una investigación; 15 días después, Peñaloza no se ha pronunciado al respecto.
El movimiento pro oficialista Panamá Avanza es otro que, hasta ahora, se ha beneficiado del silencio de Peñaloza. Cuando miembros del PRD denunciaron en octubre de 2013 ante el Tribunal Electoral (TE) que Panamá Avanza hizo “campaña sucia” en una cuña televisiva contra el candidato Juan Carlos Navarro, Peñaloza argumentó que la pieza no violaba “en ningún momento la ley electoral” y la defendió señalando que se violaba la “libertad de expresión” de la agrupación.
Los colectivos opositores han presentado varias denuncias de proselitismo político ante la Fiscalía Electoral, en contra de miembros de CD.
Algunas de estas apuntan al candidato presidencial oficialista José Domingo Arias al reinaugurar una cancha deportiva comunitaria, ubicada en Barrio Colón en La Chorrera, en junio de 2013.
Ante las quejas, Peñaloza ha solicitado a quienes realizan denuncias por proselitismo político irregular que “presenten pruebas concretas para poder investigar”.
“[El desempeño de Peñaloza] ha sido pésimo. Pide que le lleven pruebas, cuando a él le corresponde buscarlas siempre que detecte la posibilidad de la ocurrencia de un delito”, dijo el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado.
“Ni en tiempos de la dictadura teníamos un fiscal electoral tan desfasado y tan indolente como el que tenemos ahora”, agregó Márquez Amado tras advertir que el desempeño de Peñaloza genera un “peligro sumamente serio” cuando faltan 105 días para las elecciones generales del 4 de mayo.