El juez decimosexto, Enrique Pérez, concedió un sobreseimiento provisional a Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), y a otras seis personas, por la supuesta comisión del delito de peculado en la contratación de transporte para plantas móviles por $91 mil.
Durante la audiencia preliminar, celebrada ayer en la sede del Tribunal Marítimo, el juez Pérez determinó que el informe de auditoría interno preparado por la Ampyme contenía “serias fallas en la argumentación”, por lo que levantó las medidas cautelares a los imputados y procedió a dictar un sobreseimiento provisional.
En la audiencia, la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, a cargo de la investigación, sostuvo que se había acreditado el delito de peculado, luego de que los exfuncionarios de la Ampyme contrataran de “forma irregular” el transporte para el traslado de plantas móviles.
En su alegato, Sterling planteó que algunos de los contenedores contratados no tenían un local propio y que los mismos estaban a nombre de una empresa financiera. Desde hace nueve meses, la fiscal solicitó una auditoría sobre el tema a la Contraloría General de la República, pero hasta la fecha el documento no ha llegado a su despacho. Agregó que con este elemento quedará acreditada la existencia de una lesión patrimonial. Dijo que tiene tres días para analizar si presenta una apelación al fallo del juez.
Mientras, Burillo aseguró que este es “un expediente que se armó con un informe de auditoría lleno de irregularidades”, y que el juez “se percató de esa situación” y por ello dictó un sobreseimiento en favor suyo y de sus excolaboradores.
También fueron sobreseídos provisionalmente David Rivera, ex director administrativo de la Ampyme, Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial, y Carlos Aguilar, exjefe de Compras. También figuran Carmela Jiménez, exjefa de Tesorería; Juventino Iturralde, exjefe de Fiscalización, y el empresario Guillermo Ortiz.
